Santo Domingo.– Un tribunal del Distrito Nacional condenó a diez años de reclusión a un ex empleado penitenciario tras ser hallado culpable de estafar a múltiples empresas mediante la simulación de compras institucionales utilizando documentación falsa y el nombre de instituciones del Estado.
El condenado es Antonio Beato Dionicio, ex encargado del Departamento de Suministros de Alimentos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), contra quien el Ministerio Público había solicitado una pena de 20 años de prisión.
La sentencia fue dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por los jueces Keila Pérez Santana (presidenta), Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez, quienes valoraron las pruebas presentadas por la acusación.
Estafa mediante documentos falsos y suplantación institucional
De acuerdo con el expediente acusatorio, Beato Dionicio aprovechó su posición para captar suplidores y empresarios, a quienes hacía creer que contrataban con la Procuraduría General de la República y la DGSPC.
El Ministerio Público estableció que el acusado utilizó documentos públicos falsificados para obtener productos alimenticios, los cuales posteriormente eran revendidos a comerciantes de la provincia San Cristóbal.
El imputado también habría utilizado el nombre de ambas instituciones para generar confianza en las víctimas y facilitar la entrega de mercancías.
Pruebas contundentes del Ministerio Público
La acusación, presentada en noviembre de 2025 por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Miguel Collado, estuvo sustentada por un amplio conjunto de evidencias.
El expediente incluyó 60 pruebas documentales, 25 testimoniales, 36 procesales, 5 materiales y 4 periciales, que, según el órgano acusador, demostraron la responsabilidad penal del imputado.
Actualmente, Beato Dionicio cumple prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en la provincia San Cristóbal.
Ministerio Público valora la sentencia
El fiscal litigante Emmanuel Ramírez, de la Dirección General de Persecución, calificó la decisión como un avance en la lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad.
“Esta condena sirve de ejemplo para todos los funcionarios públicos, para que no incurran en actos ilícitos en perjuicio de la sociedad dominicana”, expresó el representante del Ministerio Público.
- Ramírez destacó que el acusado utilizó su posición para engañar a empresarios que confiaban en la legalidad de las supuestas contrataciones con instituciones estatales.
Compromiso contra la corrupción
El Ministerio Público reiteró que este tipo de decisiones judiciales fortalecen la política de persecución contra la corrupción administrativa, al tiempo que envían un mensaje de advertencia a servidores públicos sobre el uso indebido de sus funciones.
