El desalojo ejecutado este sábado en los terrenos donde operaba la plaza Teleofertas, en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, fue ordenado por el Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria, según informaron las autoridades.
Así lo explicó el vocero de la Policía Nacional, el coronel Diego Pesqueira, quien indicó que los agentes brindan acompañamiento al proceso en cumplimiento de la disposición judicial.
“En el día de hoy estamos acompañando la ejecución de una orden de desalojo que ha sido autorizada por el Abogado del Estado. Contamos con un amplio contingente policial que incluye unidades tácticas, de inteligencia y personal preventivo para garantizar el orden durante este proceso”, expresó.
Pesqueira reiteró que la intervención responde estrictamente al cumplimiento de una orden emitida por las autoridades competentes, y que la presencia policial tiene como objetivo prevenir incidentes y mantener la seguridad en la zona.
Al ser cuestionado sobre las personas involucradas en el desalojo, explicó que no manejan nombres, ya que su función se limita a ejecutar la resolución emitida por el Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria.
Precisó que la intervención, encabezada por alguaciles, inició alrededor de las 6:00 de la mañana y que, hasta el momento, no se ha registrado ningún incidente.
Asimismo, indicó que en el lugar operan varios negocios cuyos nombres no fueron revelados, debido a que no corresponde a la institución ofrecer esos detalles. Reiteró que la actuación policial se limita a ejecutar la orden en las parcelas ubicadas en esta importante intersección del Distrito Nacional.
Finalmente, señaló que cualquier información adicional sobre las partes involucradas debe ser solicitada al Abogado del Estado o a los actores del proceso judicial, y destacó que el papel de la Policía en este proceso es garantizar el orden público.
El operativo incluye unidades antimotines, preventivas, tácticas y de inteligencia, que trabajan en coordinación con los alguaciles responsables de la ejecución judicial.
