SANTO DOMINGO.– La condición de investigado del exgerente de Atención al Usuario de Senasa, Roberto Canaán, por el presunto fraude administrativo en el organismo estatal de seguridad social, habría sido el detonante para que el fiscal Aurelio Valdez Alcántara le exigiera un soborno de 150,000 dólares (unos 8,966,164 pesos dominicanos) y otros bienes de lujo.
Canaán formaba parte del «Comité de Contrataciones Médicas» durante la gestión de Santiago Hazim como director del Seguro Nacional de Salud. Se recuerda que Hazim es el principal imputado en el caso de corrupción administrativa en el seguro estatal de salud, que defraudó al Estado con más de 15 mil millones de pesos.
Según el Ministerio Público, este círculo de confianza, integrado también por gerentes de Salud, Afiliación y Consultoría Jurídica, facilitaba la adjudicación de contratos ilícitos en la institución estatal, lo cual coloca a Canaán en una situación de interés dentro de la investigación.
El fiscal Valdez Alcántara habría aprovechado la situación de Canaán para extorsionarlo, debido a su vulnerabilidad jurídica ante un caso que ha escandalizado al país. Luego de su implicación original en el esquema de corrupción administrativa en Senasa, Canaán figura ahora como testigo y denunciante en el expediente contra el fiscal Valdez Alcántara.
La acusación del Ministerio Público sostiene que el fiscal intentó extorsionar al exgerente bajo la promesa de detener las acciones legales en su contra.
El órgano persecutor imputa a Valdez Alcántara la violación del Código Penal y de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. El informe detalla que el fiscal ejerció coacción mediante llamadas telefónicas para exigir el pago del soborno, que incluía además de dinero, vehículos de alta gama y relojes de lujo.
El relato oficial indica que el fiscal fijó plazos y condiciones económicas para detener la judicialización del exfuncionario de Senasa, lo que derivó en una entrega controlada de dinero coordinada por la Dirección General de Persecución.
Según el dispositivo de solicitud de coerción, debido a que Valdez Alcántara es un Procurador Fiscal con privilegio de jurisdicción, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, solicitó el 25 de marzo la designación de un juez de la Instrucción Especial.
El 27 de marzo de 2026, la magistrada Ysis B. Muñiz Almonte emitió el auto 027-2026-TAUT-00002, autorizando al Ministerio Público a realizar la entrega vigilada de dinero para acreditar el delito.
Un equipo de agentes especiales, comandados por el mayor de la Policía Luis Antonio Valdez Moreno y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena Marte, se trasladó a la plaza para documentar el hecho.
