SANTO DOMINGO. – La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, abogó por la implementación de metodologías de investigación que permitan perseguir los daños contra el medio ambiente como delitos precedentes de lavado de activos, conforme a la Ley 155-17.
Durante la apertura del Foro de Justicia por la Vida Silvestre, la magistrada señaló que estas infracciones no deben ser consideradas de «segunda categoría».
Reynoso explicó que las redes del crimen organizado utilizan las mismas rutas y estructuras logísticas para el tráfico de fauna que para el narcotráfico.
Advirtió que el uso de precursores químicos en operaciones ilícitas genera un impacto «devastador» en los ecosistemas, lo que obliga a las autoridades a adoptar una visión holística que vincule la protección ambiental con la seguridad nacional.
El foro, organizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos (INL) y el Centro Nacional de Tribunales Estatales (NCSC), reunió a delegaciones de justicia de Honduras, Colombia y Guyana.
El objetivo del encuentro, celebrado en el Distrito Nacional, fue fortalecer las capacidades para judicializar delitos contra la vida silvestre en contextos de criminalidad transnacional.
En la actividad participaron el director general del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), general de brigada Ángel Alfredo Camacho Ubiera, y los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Osvaldo Bonilla.
El general Camacho Ubiera coincidió en que la protección de los ecosistemas es un asunto de seguridad nacional, debido a que el tráfico de especies suele estar vinculado a grupos armados no estatales y redes de inteligencia financiera ilícita.
