Santo Domingo.- El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, condenó este jueves a siete años de prisión a: Jerry Antonio Moreno Ortiz alías “El Colombianito” y Pedro Julio Pérez Hernández alías “Julito”, tras ser hallados culpables de clonar 5,136 tarjetas de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y estafar mediante la utilización de medios electrónicos.
La condena establece que ambos deben pagar al Estado, a través de la Adess, una indemnización de 10 millones de pesos. Las fiscales Josefina Ubiera Guerrero, Ana Miledys Taveras e Isaías Martínez, ordenaron que la pena deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís.
Según indicó Ministerio Público Moreno Ortiz y Pérez Hernández fueron procesados por por violar varios artículos de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y del Código Penal dominicano, que condenan la asociación de malhechores, la estafa electrónica, el robo a través de alta tecnología, la obtención de fondos ilícitos, la clonación de dispositivo de acceso y la falsificación de documentos y firmas.
¿Cómo se descubrió el hecho?
El expediente acusatorio instrumentado por el Ministerio Público, indicó que caso fue descubierto durante un allanamiento por un asesinato, el 27 de marzo de 2024 donde el Ministerio Público ejecutó con orden judicial el allanamiento en el domicilio de Moreno Ortiz, en un residencial de Santo Domingo Norte, por su vinculación con la muerte de la señora Ana Gómez (la Colombiana), asesinada en una intersección de la ciudad de Santiago, donde se conoce el proceso judicial.
Pese que en dicho inmueble se buscaban evidencias por el asesinato, durante el allanamiento fueron ocupadas las tarjetas de la Adess y arrestados en flagrante delito ambos procesados, al establecerse que en dicho lugar operaba un centro de clonación de tarjetas del programa social destinado a favorecer a personas de escasos recursos económicos.
En el transcurso de la inspección además fueron ocupados dos versiones, una gran cantidad de cédulas, una laptop, una impresora de tarjetas, además de 6 teléfonos móviles, un carro y una motocicleta, entre otras pruebas.
El fiscal Carlos Calcagno, adscrito a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, coordinó la investigación del caso que fue litigado por un equipo integrado por Ana Basora y Nehemías Salazar, director del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y Propiedad Intelectual de la Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte.
El caso fue investigado con el apoyo de la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Fiscalía de Santiago, la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y la Unidad de Delitos Complejos de la Policía Nacional.
