La imposibilidad de renovar documentos oficiales como la licencia de conducir o el pasaporte, salir del país, enfrentar arresto nocturno o realizar determinadas actividades comerciales, son algunas de las medidas contempladas en un proyecto de ley depositado este miércoles por el diputado Carlos de Pérez, del partido Fuerza del Pueblo.
La iniciativa busca establecer un régimen de consecuencias más estricto para los padres que incumplan con el pago de pensiones alimenticias.
El proyecto, que consta de 57 artículos, crea un registro nacional de deudores morosos, que estará interconectado con el Poder Judicial, la Junta Central Electoral y el sistema financiero.
“Este proyecto que vamos a depositar con ustedes tiene entre sus innovaciones, primero un registro nacional de alimentantes y un registro de deudores morosos. Esta plataforma se interconecta con el Poder Judicial, con la Junta Central Electoral y con el sistema financiero, lo que permite detectar automáticamente el incumplimiento de la pensión alimenticia”, declaró el legislador en una rueda de prensa
El legislador de la Fuerza del Pueblo sustentó su propuesta al asegurar que en la actualidad se interponen alrededor de 18 mil demandas de este tipo cada año, pero que muchas mujeres desisten del proceso debido al desgaste que implica.
Así mismo el proyecto plantea consecuencias en caso de atribución falsa de paternidad obligando a la mujer responsable a devolver el dinero recibido por concepto de pensión.
El legislador enfatizó que la iniciativa busca equilibrar derechos y deberes dentro del sistema. “Esta ley no tiene sexo; la persona demandada es quien debe probar sus ingresos. Además, quien administra la pensión debe detallar en qué usa el dinero. Si un hombre es descartado como padre, la mujer tendrá que devolverle todo lo que invirtió por concepto de pensión alimenticia”, afirmó.
Carlos de Pérez indicó que de los pilares de la iniciativa es la incorporación de tecnología en la fiscalización. A través del Registro Nacional de Alimentantes (Renada), el Estado podrá monitorear en tiempo real a los obligados, gracias a su interconexión con instituciones clave como el Poder Judicial, la Junta Central Electoral y el sistema financiero.
Este mecanismo permitiría, además, activar alertas automáticas de incumplimiento, generando medidas de apremio apenas cinco días después del vencimiento de la obligación, sin necesidad de que el afectado tenga que iniciar un proceso judicial.
El proyecto también apuesta por la transparencia mediante la bancarización obligatoria de los pagos, asegurando que cada transacción quede debidamente registrada y supervisada.
En el plano económico, la iniciativa introduce la indexación automática de las pensiones conforme a la inflación, evitando que pierdan valor con el paso del tiempo. A esto se suma la retroactividad de la deuda desde el momento de la demanda y su carácter imprescriptible mientras el beneficiario sea menor de edad.
La propuesta legislativa rompe con los esquemas tradicionales al plantear un sistema más ágil, oral y eficaz, dejando atrás los procesos burocráticos que durante años han dificultado el cumplimiento de esta obligación fundamental.
Incluso, se contempla el arresto nocturno como medida de presión, sin afectar la capacidad laboral del obligado.
El alcance de la ley también se amplía de forma significativa. La obligación de pago podría extenderse hasta los 21 años si el beneficiario continúa sus estudios, se reconoce el derecho a pensión desde la etapa prenatal y se incorpora la responsabilidad de los hijos hacia padres en condición de vulnerabilidad.
Asimismo, el proyecto trasciende fronteras al incluir mecanismos de cooperación internacional para localizar y exigir el cumplimiento a deudores en el extranjero, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Paralelamente, se crea un Fondo de Emergencia de Sustento Alimentario, destinado a garantizar una cobertura mínima en casos de insolvencia comprobada.
