GUAYAQUIL (ECUADOR). – Las fuerzas de seguridad ecuatorianas detuvieron a 131 personas durante la segunda jornada del toque de queda nocturno que concluyó esta madrugada y que rige en cuatro provincias en las que se registra un alto índice de violencia que el Gobierno atribuye a la disputa entre grupos criminales.
Del total, 112 personas fueron capturadas por violar la restricción de movilidad impuesta entre las 23:00 y 05:00 hora local (04:00 y 10:00 GMT) en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, otras 15 por diferentes delitos y cuatro más porque tenían vigentes boletas de detención.
Solo en Guayaquil, la ciudad más poblada y con mayor número de delitos del país, se registraron 34 allanamientos y se detuvieron a nueve personas, incluido un menor de edad, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.
Durante esas operaciones se decomisaron catorce armas de fuego, 603 municiones, 638 dosis de droga, cuatro vehículos robados, quince motocicletas robadas y prendas similares a las que usan los militares. Además, se desarticuló un supuesto centro de monitoreo.
El ministro añadió que estas operaciones afectaron a los grupos criminales Tiguerones, Águilas, Latin King y Chone Killers, vinculados a robo de vehículos, tráfico de armas y drogas, extorsión, secuestro y sicariato (asesinato por encargo).
El toque de queda inició el pasado domingo, en el marco de «una nueva fase» de la «guerra» contra los grupos criminales declarada en 2024 por el presidente Daniel Noboa, ante el aumento sin precedentes de la violencia que ha llevado al país a estar a la cabeza de Latinoamérica en el índice de homicidios.
Solo en 2025 se registraron 9.235 asesinatos, un récord en la historia del país, de acuerdo a cifras oficiales.
La medida estará vigente hasta el 31 de marzo y durante las horas de restricción solo se permite la circulación de militares, policías y personal sanitario de emergencia, bajo la advertencia de ser arrestada cualquier otra persona que esté en la calle sin autorización, incluidos periodistas, que están impedidos de reportar o seguir las operaciones de las fuerzas estatales.
De manera paralela, el Gobierno asegura que está ejecutando operaciones militares contra la minería ilegal en zonas fronterizas con Perú y con Colombia, lo que ha generado tensiones con este último país, pues el presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció el lunes que estaban siendo bombardeados desde Ecuador, algo que Noboa ha negado.
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