Vista de la ficha criminal del financiero estadounidense Jeffrey Epstein, en una fotografía de archivo. EFE/Jason Szenes
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GINEBRA.- Los archivos del pederasta Jeffrey Epstein muestran atrocidades contra mujeres y niñas de tal magnitud, carácter sistemático y alcance transnacional que podrían ser considerados legalmente «crímenes de lesa humanidad», declararon este lunes nueve relatores y expertos de la ONU.
Los documentos divulgados el 30 de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos «sugieren la existencia de una empresa criminal global» y «revelan implicaciones aterradoras sobre el nivel de impunidad para estos crímenes», indicaron en un comunicado conjunto.
Los archivos contienen menciones a posibles casos de esclavitud sexual, violencia reproductiva, desaparición forzada, tortura, tratos inhumanos y degradantes, y feminicidio, señalaron los expertos, quienes apelaron a «todos los tribunales nacionales e internacionales competentes» a enjuiciar los presuntos crímenes.
Éstos se cometieron «en un contexto de creencias supremacistas, racismo, corrupción, misoginia extrema y mercantilización y deshumanización de mujeres y niñas de distintas partes del mundo», denunciaron los firmantes.
Solicitan, ante ello, una investigación independiente e imparcial para determinar cómo tales crímenes pudieron ocurrir durante un periodo tan prolongado de tiempo.
«Es imperativo que los gobiernos actúen de manera decisiva para responsabilizar a los perpetradores», señalaron, y agregaron que «nadie es demasiado rico o poderoso para estar por encima de la ley».
Los expertos lamentaron por otra parte «graves fallos» en la divulgación de los archivos, lo que supuso la divulgación de información sensible acerca de las víctimas.
«El hecho de no proteger su privacidad les pone en riesgo de represalias y estigmatización», por lo que muchas podrían sentirse revictimizadas o sometidas a manipulación, denunciaron.
Entre los expertos firmantes figuran la relatora sobre violencia sobre violencia contra mujeres y niñas (Reem Alsalem) y sus homólogas sobre derecho a la privacidad (Ana Brian Nougrères) y libertad de reunión y asociación (Gina Romero).
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