Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), esperan que el cierre de la oficina de la DEA en el país no impacte negativamente la lucha contra el narcotráfico ni los resultados positivos obtenidos por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en colaboración con dicha agencia.
Esta decisión fue tomada por la Embajadora de Estados Unidos en el país, Leah F. Campos atendiendo a supuestos actos de corrupción. El cierre podría impactar en la lucha contra el crimen organizado en República Dominicana.
La coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, ve con cautela cómo esta decisión podrá afectar lo que se ha logrado.
«Sin embargo, fíjense que República Dominicana en los últimos años siempre ha sido reconocida por su trabajo en el tema del narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico. Entonces tendríamos que ver cómo realmente va a incidir ese cierre en el trabajo que está haciendo, se supondría«, expresó Blanco.
De la Pastoral Penitenciaria, reclaman más detalles sobre la magnitud de los hechos de corrupción que obligaron al cierre de la agencia, como nos dice su director, Fray Arístides Jiménez Richardson.
«Cuando una medida de esa naturaleza se toma en una delegación diplomática de esa envergadura es porque algo sucede. Entonces los signos hablan, los signos cuestionan y los que no sabemos qué pasa, preguntamos qué pasa. Los que tienen que decirnos a nosotros qué pasa, deben investigar qué pasa para que la sociedad dominicana, las familias dominicanas tengan la paz y la tranquilidad adecuada«, advierte Jiménez Richardson.
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Mientras vicepresidente de Finjus calificó la clausura de la oficina como una gran señal de transparencia pero que tiene que ser transitoria por la importancia de ese organismo y su apoyo a la DNCD.
«Esto es transitorio, ahí más temprano que tarde vendrá otra persona a ocupar esa posición. ¿Por qué? Porque nosotros somos aliados de ese país en la lucha contra el narcotráfico«, aseguró Servio Tulio Castaños Guzmán.
En lo que sí todos están de acuerdo es en que, para mayor transparencia, deben presentar todos los detalles sobre la investigación que, en su primera fase, dejó arrestado al supervisor de la DEA, Melitón Cordero.
