Rafael Santos Badía. (Ilustración: El Nuevo Diario)

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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente de la República, Luis Abinader designó a Rafael Evaristo Santos Badía como nuevo ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), mediante el Decreto núm. 84-26, como parte de una serie de nombramientos en áreas estratégicas del Estado.

Santos Badía se desempeñaba hasta el momento como director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep). Es licenciado en Derecho por la Universidad de la Tercera Edad (UTE) y técnico en Administración de Empresas Cooperativas por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Además, posee diplomados en Economía Política y Derecho Laboral y Sindical por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como en Relaciones Internacionales por la UTE.

Cuenta con una amplia trayectoria como docente y especialista en el ámbito sindical y del tripartismo dominicano. En el plano legislativo, fue diputado al Congreso Nacional durante el período 1990-1998, integró la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados y participó en la formulación del Plan Decenal de Educación. Asimismo, ha sido miembro de órganos directivos del Infotep y del sistema de seguridad social del magisterio.

Es autor del libro “Treinta años de gremialismo magisterial en la República Dominicana” y ha recibido diversas distinciones, entre ellas la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Caballero.

El decreto presidencial también designa a Geraldo Espinosa Pérez como contralor general de la República. Espinosa es licenciado en Contabilidad por la UASD, con especialización en Tributos Internos, máster en Gestión Financiera, Presupuesto Público y Política Fiscal y una maestría en Administración de Negocios (MBA) con concentración en Operaciones por la PUCMM. Posee más de 24 años de experiencia en el sector público, vinculados al fortalecimiento de los sistemas de control y supervisión del gasto estatal.

La disposición presidencial deroga decretos y artículos previos relacionados con las funciones ahora reasignadas y fue remitida a las instituciones correspondientes para su ejecución, conforme a las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.

 


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