Santo Domingo.- El Ministerio de Medio Ambiente y la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente (Proedemaren) ejecutaron un operativo de alto nivel en San Cristóbal para ratificar la paralización total de la grancera Wilson Tejada, luego del fallecimiento de un operador de una retroexcavadora.
La intervención, liderada por el procurador Francisco Contreras, tuvo como objetivo principal detener las actividades que se realizaban sin autorización en las zonas de Nigua y Sainaguá.
La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) realizó, con el acompañamiento de la Mesa Interinstitucional de Persecución y Prevención de los Delitos Ambientales, ejecutaron la acción, dijo el Ministerio de Medio Ambiente.
El operativo fue dirigido por el procurador de corte, Francisco Contreras, titular de la Proedemaren, quien estuvo acompañado por los fiscales Ruddy Pérez, Rigoberto Santana y Miledys Domínguez.
Durante la intervención, las autoridades detuvieron y ratificaron la paralización de las operaciones de la grancera Wilson Tejada, donde se realizaban actividades sin la debida autorización.
Asimismo, fueron ocupados varios equipos pesados, como parte de las acciones previstas y sancionadas en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En el operativo, junto a los miembros del Ministerio Público, participaron el general Ángel Camacho Ubiera, director del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa); Davis Aracena, en representación del Viceministerio de Suelos y Aguas, y Víctor Manzanillo, consultor jurídico del Ministerio de Medio Ambiente (Marela).
También estuvieron presentes Luis Carvajal, de la Academia de Ciencias y de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y Nelson Pimentel, de la Fundación de Derecho, Defensa y Educación Ambiental de la República Dominicana, junto a un amplio equipo técnico del Ministerio de Medio Ambiente.
“Estas acciones buscan no solo detener la operación ilegal, sino también desmantelar el entramado económico y patrimonial que respalda y financia estas prácticas ilícitas”, precisó Contreras.
