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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.— La Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim) exhortó este jueves a la racionalidad y al diálogo frente a las reclamaciones del sector comercial en torno a la aplicación de la Ley 98-25, al tiempo que advirtió sobre la crisis financiera que enfrenta la gestión de los residuos sólidos en los gobiernos locales.
El director ejecutivo de Fedodim, Pedro Richardson, reconoció las inquietudes expresadas por comerciantes y micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), a quienes calificó como un pilar fundamental de la economía nacional. No obstante, subrayó que el sistema de recolección y disposición final de residuos atraviesa una situación estructural que requiere soluciones urgentes.
Richardson explicó que, actualmente, el servicio de recolección de basura es financiado en gran medida por los ayuntamientos y juntas municipales, lo que limita la inversión en otras áreas prioritarias como aceras, contenes, alumbrado público y programas sociales. En ese sentido, señaló que las tarifas aplicadas en muchos municipios son inexistentes o meramente simbólicas.
De acuerdo con Fedodim, mientras en otros países de la región el costo promedio por tonelada de residuos gestionados ronda los RD$3,000, en la República Dominicana el gasto por kilo recolectado y transportado hasta su disposición final supera significativamente los aportes que realiza el sector empresarial, incluso con la contribución contemplada en la legislación vigente.
La entidad indicó que, al promediar la Contribución Especial establecida en la ley, el impacto mensual para un comerciante o una pequeña empresa oscilaría entre RD$250 y RD$500, monto que considera reducido frente al beneficio de operar en un entorno limpio y saludable.
FEDODIM reiteró su respaldo al principio de “quien contamina, paga”, utilizado en marcos jurídicos y ambientales internacionales, y aclaró que las subvenciones del Estado y de los gobiernos locales deben destinarse prioritariamente a los sectores con menor capacidad económica, para garantizar el acceso universal a los servicios públicos.
Finalmente, la federación hizo un llamado a la comprensión mutua entre autoridades y sectores productivos, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de financiamiento justo y transparente que permita a los gobiernos locales fortalecer su rol como gestores de desarrollo y salud pública.
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