Durante su primer año de mandato, el Gobierno de Trump ha intentado en múltiples ocasiones penalizar a las ciudades, en su mayoría gobernadas por el Partido Demócrata, donde existen normas que se limita la colaboración de la policía local con los agentes de migración.
Estos intentos se han enfrentado a obstáculos jurídicos y ya han sido objeto de nuevas demandas y sentencias preliminares que bloquean su ejecución.
Hasta ahora, los tribunales federales han sido consistentes en limitar severamente la capacidad del Ejecutivo para condicionar o retirar financiación aprobada por el Congreso con el fin de presionar a ciudades consideradas «santuario».
En abril, Trump firmó un decreto para judicializar a las ciudades del país que no colaboran con los agentes de migración y ordenó al Departamento de Justicia (DOJ) y el de Seguridad Nacional (DHS) a elaborar una lista de las localidades que, a juicio del Gobierno, «obstruyen el ejercicio de la ley federal de inmigración».
Esta lista, ya hecha pública por el DOJ incluye a 11 estados, entre ellos California, Oregón, llinois, Minesota y Nueva York y 18 ciudades, incluyendo San Francisco, Boston, Chicago, Nueva Orleans y Denver.
Las medidas tildadas por el Gobierno de Trump como «santuario» han sido defendidas por los Gobiernos locales y organizaciones asegurando que fortalecen la relación entre la policía local y las comunidades migrantes, permitiendo que las personas denuncien crímenes o colaboren con las autoridades sin miedo a ser deportadas.
Bajo la ley estadounidense, vivir en el país sin autorización o estatus legal no es una falta criminal sino civil.
