Congreso Nacional. Foto: Fuente externa
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El Congreso Nacional concluyó la legislatura ordinaria sin llegar a conocer ni aprobar las solicitudes de interpelación a varios funcionarios del Poder Ejecutivo, pese a que estas iniciativas fueron sometidas y debatidas en comisiones durante el período legislativo.
Las propuestas de interpelación, impulsadas principalmente por legisladores de la oposición, buscaban que distintos funcionarios acudieran al hemiciclo para ofrecer explicaciones sobre temas vinculados a la gestión pública, ejecución presupuestaria, contratos y decisiones administrativas que habían generado cuestionamientos de distintos sectores.
Sin embargo, la falta de consenso político y el avance limitado de la agenda legislativa en las sesiones finales impidieron que dichas solicitudes fueran incluidas en el orden del día y sometidas a votación en el pleno.
Uno de los proyectos de interpelación que generó expectativas dentro y fuera de la sede legislativa fue el que buscaba que el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, acudiera a explicar la crisis del sector energético y los apagones que afectaban a la población.
Esta iniciativa fue impulsada por el diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, la cual fue remitida a una comisión especial liderada por el oficialista Ramón Bueno.
La comisión se llegó a reunir no más de dos veces y la posibilidad de que Marranzini compareciera al pleno de la Cámara de Diputados quedó en el limbo.
Otra propuesta de interpelación que nunca se llegó a materializar fue la sometida por los voceros de los principales partidos opositores que pedían que la ministra de Interior y Policía Faride Raful y el director de la Policía Nacional Ramón Antonio Guzmán Peralta, para que explicaran a la sociedad las medidas que se estaban ejecutando desde las instituciones que dirigen.
Esta legislación fue sometida en mayo del pasado año, enviada a la Comisión Permanente de Interior y Policía del órgano legislativo con un plazo fijo de un mes, pero el informe nunca llegó.
Otra pieza depositada en la Cámara Baja buscaba la comparecencia del director de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Jhael Isa Tavárez, para que explicará la realidad que enfrenta el Metro de Santo Domingo, tras registrarse un apagón general que afectó el medio de transporte masivo.
Esta resolución fue presentada por la diputada Selinée Méndez, que manifestó su preocupación por el deterioro visible del medio de transporte masivo que ha ido empeorando progresivamente.
Méndez subrayó en ese momento que, aunque Isa Tavárez es nuevo en el cargo tiene la responsabilidad de edificar a la población sobre la realidad que enfrenta el Metro y sobre lo que realmente está pasando con la construcción de la segunda línea.
El Congreso Nacional de acuerdo a lo que establece la Constitución está facultado para ejercer su rol de fiscalización y control.
Con el cierre formal de la legislatura, las interpelaciones no conocidas deberán ser conocidas en el próximo período congresual, si así lo deciden sus proponentes, lo que reabre el debate sobre la efectividad del control político que ejerce el Poder Legislativo sobre los funcionarios del Estado.
JSB/
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