Francisco Domínguez Brito, dirigente del PLD y miembro de su Comité Político. (Foto: Félix Lara).
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, instó a la Procuraduría General de la República la abrir una investigación en torno a la gestión de las pasadas autoridades de Seguros Reservas durante el presente gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ante serios indicativos que comprometen la legalidad, transparencia y correcta administración de recursos públicos.
El ex procurador basó su solicitud en informaciones públicas, análisis financieros recientes y datos que reflejan pérdidas operativas reiteradas, deterioro significativo de indicadores de rentabilidad y liquidez, así como operaciones atípicas entre entidades vinculadas del mismo grupo financiero, que podrían estar encubriendo déficits reales o desviaciones de recursos.
De manera específica, el jurista y dirigente político requirió que se indaguen:
- Posibles pagos ilegales de comisiones en contratos de seguros y reaseguros;
- Eventuales sobornos a funcionarios o intermediarios;
- Presunta alteración o manipulación de estados financieros;
- Uso indebido de recursos públicos, incluyendo transferencias internas sin justificación económica real;
- Contratos de reaseguro que podrían haberse realizado sin la debida capacidad legal o técnica.
“El país no puede normalizar la opacidad ni aceptar que entidades públicas operen sin el debido escrutinio. Cuando se administran recursos que pertenecen a todos los dominicanos, la rendición de cuentas no es opcional, es una obligación legal y ética”, expresó Domínguez Brito.
Reiteró que su solicitud no responde a intereses partidarios, sino al compromiso con la institucionalidad, la transparencia y el fortalecimiento del Estado de derecho, exhortando a que cualquier investigación se realice con rigor técnico, independencia y apego absoluto a la ley.
Finalmente, afirmó que la confianza ciudadana solo se recupera cuando los hechos se investigan, las responsabilidades se establecen y las irregularidades se sancionan, sin excepciones ni privilegios.
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