Cristina Fernández. (Foto: fuente externa)
BUENOS AIRES. – La fiscal Gabriela Baigún solicitó elevar las penas de los condenados por el intento de asesinato de la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) en septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel y su entonces pareja, Brenda Uliarte, que fueron sentenciados en octubre de este año a diez y ocho años de prisión respectivamente.
Según informó este martes el Ministerio Público Fiscal, Baigún, titular de la Fiscalía General N°3 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la ciudad de Buenos Aires, presentó un escrito junto a la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), la fiscal federal Mariela Labozzetta, solicitando a la Cámara Federal de Casación Penal que eleve a 15 años la condena a Sabag Montiel y a 14 la de Uliarte.
Las fiscales argumentaron que deben aplicarse en el caso los agravantes de alevosía y violencia de género, tal como habían postulado en su alegato durante el juicio oral.
«Que Sabag Montiel haya fallado no le quita el carácter alevoso a su tentativa de homicidio. En todo caso, pone de relieve hasta dónde podría haber llegado gracias a la modalidad empleada y que sólo el azar quiso que aquel plan urdido y así ejecutado no terminara en la muerte de la ex mandataria», explicaron en el escrito, en el que argumentaron además que los jueces desconocieron la normativa argentina que incluye a la violencia política como una de las posibles modalidades de la violencia de género.
«De los propios dichos de Fernando Sabag Montiel surge con claridad que el ataque fue concebido como un acto de castigo dirigido específicamente contra una mujer que ocupaba una posición de máxima visibilidad y poder político, en el marco de una lógica que reproduce esquemas patriarcales de dominación y disciplinamiento», añadieron.
El pasado mes de octubre, Sabag Montiel, de 37 años, fue condenado a diez años de prisión por considerarlo «autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego, en grado tentativa, y con concurso ideal con el delito de portación de arma de guerra sin la debida autorización legal», según expresó la jueza Sabrina Namer, presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6, compuesto también por los magistrados Adrián Grünberg e Ignacio Fornari.
Uliarte, acusada por haber prestado colaboración a quien entonces fuera su pareja, fue condenada a ocho años de prisión por considerarla «partícipe necesaria penalmente responsable del delito de homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego, en grado tentativa».
Nicolás Carrizo, considerado inicialmente como el presunto líder del grupo y liberado de su prisión preventiva en agosto de 2024 por falta de pruebas, fue absuelto por el tribunal.
Sabag Montiel activó aquel día el gatillo de un arma cargada y apta para el disparo a escasos centímetros del rostro de Fernández, sin que el disparo se efectuara por una falla mecánica.
El intento de asesinado ocurrió frente al domicilio de la entonces vicepresidenta en Buenos Aires, mientras simpatizantes le expresaban su apoyo durante un juicio por presuntas irregularidades en la concesión de obras viales durante su mandato.
En esa causa, Fernández fue finalmente condenada en junio de este año a seis años de prisión -que cumple en su domicilio- e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
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