WASHINGTON. – Un juez federal ha prohibido a las autoridades estadounidenses detener o deportar a un activista británico contra la desinformación en redes sociales que fue sancionado por la Administración de Donald Trump junto a otros europeos a los que acusa de censura, informó este viernes la BBC.
Imran Ahmed, director ejecutivo del Centro para Contrarrestar el Odio Digital (CCDH), presentó una demanda contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la fiscal general, Pam Bondi, para evitar su arresto.
El juez Vernon Broderick, del distrito sur de Nueva York, falló a su favor y dictó una orden de restricción temporal que bloquea cualquier intento de expulsar del país a Ahmed, quien reside en Washington con su esposa y sus hijas, que son ciudadanas estadounidenses.
Ahmed es uno de los cinco europeos sancionados la semana pasada por el Gobierno de Trump por su labor contra la desinformación y el discurso del odio en internet, una actividad que Washington considera una forma de censura.
Como parte de las sanciones, Marco Rubio revocó sus visados, lo que les prohíbe ingresar en territorio estadounidense y permite su deportación en caso de encontrarse en el país.
El CCDH, dirigido por Ahmed, ha publicado informes en los que denuncia un aumento del contenido racista y extremista en la red social X, lo que llevó a su propietario, Elon Musk, a intentar demandar a la organización.
Entre los sancionados figura también el excomisario europeo de Mercado Interior Thierry Breton (2019-2024), una medida que fue rechazada por Bruselas y por varios Gobiernos europeos.
También fueron sancionadas las activistas alemanas Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, de la organización HateAid; y la activista británica Clare Melford, del Global Disinformation Index (GDI).
Rubio afirmó en un comunicado que estas personas «han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a plataformas estadounidenses a censurar, desmonetizar y suprimir opiniones estadounidenses con las que discrepan».
El anuncio del Departamento de Estado se produjo semanas después de que la Comisión Europea impusiera una multa de 130 millones de euros a X por incumplir sus obligaciones de transparencia conforme a la Ley de Servicios Digitales (DSA).
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