Agencias.- Abogados penalistas y constitucionalistas respaldaron el llamado de atención del Poder Judicial al juez Rigoberto Sena, al considerar que sus opiniones durante la medida de coerción del caso Operación Cobra y el desfalco al Senasa vulneraron el debido proceso y la presunción de inocencia.
El reproche fue emitido por el Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial, que concluyó que las reflexiones del magistrado no formaban parte de su ámbito de actuación, al momento de imponer coerción al exdirector del Senasa, Santiago Hazim, y a otros nueve imputados.
La decisión fue bien recibida por juristas en ejercicio, quienes entienden que el juez emitió juicios de valor que proyectaron culpabilidad sin una sentencia definitiva, afectando garantías fundamentales del proceso penal.
El abogado Jaime Terrero sostuvo que el magistrado “envió un mensaje de culpabilidad”, rompiendo con el principio de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante una condena firme.
En la misma línea, Juan Pablo Mateo afirmó que el juez “prácticamente sentenció” a los imputados, recordando que el rol judicial exige neutralidad absoluta y apego estricto a los argumentos presentados por las partes.
Otros penalistas cuestionaron el uso de citas bíblicas, pensamientos de juristas y reflexiones morales sobre el dinero, al entender que este tipo de expresiones contamina el proceso y compromete su imparcialidad.
Para el abogado Freddy Félix, el magistrado excedió los límites establecidos por la normativa al momento de decidir una medida de coerción, calificando la actuación como un exceso incompatible con el cargo.
Los profesionales del derecho esperan que la resolución del Poder Judicial sirva como precedente, para que las decisiones se ajusten estrictamente a los hechos y al derecho, sin valoraciones externas que afecten la credibilidad del sistema.
