El Congreso Nacional. (Foto: Prensa Senado de la Republica Dominicana)
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A pesar de la intensa actividad legislativa registrada en los últimos períodos, varios proyectos de alto impacto social, económico e institucional continúan estancados en el Congreso Nacional, generando cuestionamientos de distintos sectores de la sociedad civil, gremios y actores políticos.
Pese a que el año legislativo aún no concluye sino hasta el 12 de enero de este próximo 2026, hay iniciativas relevantes que permanecen sin avances sustanciales que arrojen luz de que pudieran ser convertidas en leyes ante de esta gecha.
Entre esas normativas figuran la reforma al Código de Trabajo, cuya discusión ha sido pospuesta reiteradamente en medio de desacuerdos entre empleadores y sindicatos, especialmente por temas como la cesantía y el régimen de sanciones.
Otra legislación que sigue sin definición es la ley de libertad de expresión y medios audiovisuales, una pieza que ha generado amplios debates por sus posibles implicaciones sobre el ejercicio periodístico, la regulación de plataformas digitales y el alcance del control estatal sobre los contenidos que se publican en las distintas plataformas.
Este proyecto que busca crear el Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), como órgano regulador autónomo aún permanece bajo estudio de una comisión en el Senado que preside la legisladora Aracelis Villanueva.
La normativa que debe agotar un proceso dentro de la sede congresual de ser aprobada en ambas cámaras se encuentra en la cuerda floja porque de no ser convertida en ley a mediados de enero va a perimir.
También permanece en estudio de comisión la reforma a la Ley de Seguridad Social, impulsada tras escándalos de fraude que afectaron al sistema de salud, así como iniciativas para fortalecer los controles, ampliar coberturas y sancionar irregularidades, sin que hasta el momento se haya logrado consenso para su aprobación.
En el ámbito económico y laboral, continúa rezagada la propuesta de indexación salarial, que busca ajustar los salarios conforme al costo de la vida, una demanda insistente de distintos sectores, pero que enfrenta resistencia por su impacto fiscal y empresarial.
Otros proyectos que siguen sin avanzar en materia educativa está el de alimentación escolar y la inclusión de primeros auxilios en el currículo académico; así como propuestas para regular la ciberseguridad, el leasing financiero y el factoraje, fundamentales para el desarrollo de las mipymes.
Legisladores atribuyen el retraso a la falta de consensos políticos y la presión de distintos sectores de interés, dilaciones que impactan directamente en la calidad de vida de la población y en la institucionalidad del país.
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