Santo Domingo.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) presentó este jueves una serie de objeciones al Proyecto de Ley Orgánica que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), alertando sobre graves conflictos con la Constitución, la duplicidad de funciones con otros organismos del Estado y la amenaza a los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente en lo referente a la privacidad y el debido proceso.
A través de un documento, la entidad señala que, si bien la seguridad nacional es prioritaria, toda actividad de inteligencia debe desarrollarse con «estricta observancia de las competencias y potestades legalmente establecidas» y respetando los derechos de las personas.
Uno de los puntos más críticos señalados por Finjus es la facultad que la ley otorga a la DNI para acceder a datos personales y telecomunicaciones bajo el pretexto de garantizar la ciberseguridad. La institución sostiene que el artículo 9.16 de la Ley 1-24 viola el artículo 44.3 de la Constitución, el cual protege el secreto de las comunicaciones.
La organización, por otra parte, califica de «desproporcionado e irrazonable» el artículo 28, que sanciona penalmente a quienes oculten información requerida por la DNI.
Finjus advierte que, tal como está redactado, no respeta el secreto profesional ni establece claramente el tipo penal, creando un escenario donde «cualquiera pudiese caer en prisión» por no compartir datos, incluso si son privilegiados.
La entidad recomienda que cualquier solicitud de información a entidades públicas o privadas deba contar con autorización judicial previa para garantizar el derecho a la intimidad.
