EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-  La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) reveló este miércoles graves irregularidades administrativas y financieras en el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) durante el período 2011-2015, que incluyen cuentas por cobrar de dudoso cobro, contrataciones sin procesos legales, intereses no registrados y pagos en exceso en obras, con montos que superan los RD$268 millones, según el informe legal de la auditoría practicada a los estados financieros de la entidad.

El principal hallazgo corresponde a cuentas por cobrar de dudoso cobro por RD$249,066,046, algunas originadas desde el año 2004 y con más de 180 días de vencimiento, sin evidencias de cobro efectivo ni provisiones contables. La Cámara de Cuentas determinó que Proindustria no aplicó los mecanismos de control ni las reservas para incobrables, pese al alto riesgo de pérdida de estos recursos públicos.

La auditoría también detectó contrataciones de servicios sin procedimientos de selección, en violación a la Ley de Compras y Contrataciones. En ese renglón, Proindustria realizó pagos por RD$4,184,400 en servicios de publicidad, encuadernación y asesorías técnicas sin respaldo de procesos competitivos.

Asimismo, se identificaron pagos por RD$7,851,936 a la empresa intermediaria ACD Media, S.A. por servicios de publicidad, correspondientes a los años 2012 y 2015, sin evidenciarse ningún procedimiento de selección, para un total acumulado de RD$12,036,336 en contrataciones irregulares.

Otro hallazgo relevante fue la omisión en el registro de intereses moratorios por un monto de RD$6,091,369, vinculados a préstamos otorgados a empresas y cooperativas. Entre estos figuran financiamientos concedidos a Valy-Nesa Industrial, S. A. y Coopfomento, cuyos intereses moratorios no fueron contabilizados conforme a los contratos, distorsionando la información financiera de la entidad.

La CCRD también comprobó pagos por encima de los trabajos realmente ejecutados en proyectos de infraestructura desarrollados en el Parque Industrial San Cristóbal (PISAN) y el Distrito Industrial Santo Domingo Oeste (DISDO). El monto de los pagos en exceso asciende a RD$1,329,393, lo que evidencia fallas en la supervisión y control de obras.

El informe concluye que estas irregularidades comprometen la responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios y servidores públicos de Proindustria durante el período auditado, por acción u omisión, y señala que algunos hallazgos presentan indicios de responsabilidad penal, conforme a la legislación vigente.

La Cámara de Cuentas precisó que corresponde a los órganos competentes determinar las sanciones y acciones legales pertinentes, en el marco del principio constitucional de transparencia y correcta administración de los fondos públicos.


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