Activistas frente al Palacio de Justicia. Foto: Félix Lara, El Nuevo Diario
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Activistas denunciaron este domingo un trato desigual, clasista y selectivo en el sistema de justicia dominicano, alegando que las autoridades actúan con mayor celeridad y benevolencia cuando los imputados poseen recursos económicos o apellidos influyentes.
La denuncia fue realizada durante una protesta frente al Palacio de Justicia, donde decenas de ciudadanos manifestaron su rechazo a la posibilidad de que los imputados en el presunto desfalco millonario al Seguro Nacional de Salud (SeNasa) reciban medidas de coerción alternativas a la prisión preventiva. Los manifestantes exigen sanciones ejemplares para quienes, según afirmaron, «le roban a un pueblo y afectan directamente a los más necesitados».
«La justicia aquí no va por el pobre; con el rico no hay justicia», expresó uno de los manifestantes, criticando que imputados con poder adquisitivo reciban medidas judiciales incluso en días feriados, mientras que personas de escasos recursos permanecen detenidas hasta el inicio de la semana laboral.
Durante la protesta, los activistas también condenaron los hechos atribuidos a los imputados, señalando que las presuntas irregularidades habrían afectado gravemente a sectores vulnerables. «Robaron a gente inocente, a personas que necesitaban esos recursos; hubo pacientes que murieron por no recibir una quimioterapia a tiempo y a niños con autismo les quitaron sus terapias», denunciaron, enfatizando el impacto social en familias completas, incluyendo madres que enfrentan solas el cuidado de hijos con autismo y parálisis cerebral infantil.
Asimismo, cuestionaron los alegatos de salud presentados en favor de algunos imputados, calificándolos de contradictorios frente a los estilos de vida que, según afirmaron, llevaban antes del proceso judicial. «No se puede alegar enfermedad para evadir la justicia», expresaron. Los manifestantes insistieron en que persiste el “clasismo y apellidismo” dentro del sistema judicial, asegurando que personas con conexiones políticas o económicas evitan la prisión preventiva.
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