Manifestantes en los alrededores del Palacio de Justicia. (Foto: Rosa Galán/El Nuevo Diario)
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La tensión se mantiene la noche de este domingo en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde manifestantes exigen que se imponga prisión preventiva a los imputados en el caso de presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Cerca de las 8:00 de la noche, los manifestantes continúan vociferando consignas, mientras continúan a espera de que el juez Rigoberto Sena dé a conocer su fallo.
Decenas de ciudadanos mantienen sus reclamos en voz alta, con pancartas, en contra de los imputados, mientras un amplio despliegue policial vigila los accesos y calles cercanas. La presión de la ciudadanía aumenta conforme pasan los minutos, reflejando la alta expectativa por la decisión del tribunal.
El magistrado se reservó su decisión para darla a conocer partir de las 6:00 de la tarde de este domingo, luego de haberse reservado el fallo cerca de la 1:00 de la madrugada del sábado, tras una extensa jornada en la que escuchó a los imputados, a sus abogados defensores y las réplicas del órgano acusador. Durante esa audiencia, la defensa del exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, principal acusado en el proceso, apeló a su condición de salud para evitar la imposición de prisión preventiva, alegando que su ingreso a un centro penitenciario podría poner en riesgo su vida.
El abogado Miguel Valerio sostuvo ante el tribunal que Hazim podría sufrir consecuencias graves, incluyendo una muerte súbita o quedar parapléjico o cuadripléjico, debido a su estado médico. Aseguró además que su defendido ha requerido hospitalizaciones durante el proceso judicial, con al menos dos internamientos previos y la necesidad de un tercero, el cual habría sido pospuesto para permitir su comparecencia ante el juez.
Además de Hazim, figuran como imputados Ada Ledesma Ubiera, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Gustavo Enrique Messina Cruz, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speaker Mateo. El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del caso, alegando un perjuicio significativo al patrimonio público y a la sostenibilidad de los fondos destinados a la atención médica de la población vulnerable.
El expediente señala que la investigación se inició a partir de hallazgos remitidos por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sosalril) y el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), lo que dio lugar a una serie de diligencias que culminaron con 12 allanamientos simultáneos y el arresto de los implicados. Según el órgano acusador, la presunta red de corrupción habría operado desde la Dirección Ejecutiva de SeNaSa tras la designación de Hazim en agosto de 2020, mediante el Decreto 377-20.
La decisión del tribunal es esperada en un contexto de alta expectativa pública, marcado por las manifestaciones ciudadanas y por un debate judicial centrado entre el reclamo de justicia y los argumentos de la defensa en torno al debido proceso y la condición de salud del principal imputado.
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