Por Elida Almonte
(Un análisis)
NUEVA YORK.- La decisión del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, de autorizar a Estados Unidos el uso provisional de áreas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas, como parte de supuestas operaciones antidrogas, ha provocado una ola de indignación tanto en el país como en la diáspora dominicana en los Estados Unidos.
La medida se presenta como un acuerdo de cooperación bilateral para combatir el narcotráfico en el Caribe. Sin embargo, el contexto internacional desnuda una incoherencia monumental que no puede ni debe pasarse por alto.
De manera casi simultánea, el presidente estadounidense Donald Trump otorgó un indulto al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado en territorio norteamericano por narcotráfico, conspiración criminal y vínculos directos con carteles de la droga.
El mensaje es devastador: mientras un país pequeño compromete su soberanía en nombre de la “guerra contra las drogas”, la potencia aliada perdona políticamente a uno de los mayores símbolos de ese mismo crimen en Centroamérica.
La República Dominicana asume riesgos militares, económicos, turísticos y geopolíticos, exponiendo su espacio aéreo y sus instalaciones estratégicas, mientras Estados Unidos envía la señal de que la justicia es negociable cuando se trata de aliados útiles al poder. Esto no es cooperación: es una relación profundamente asimétrica y peligrosa.
Desde distintos sectores nacionales y de la diáspora se advierte que esta decisión convierte al país en una plataforma de operaciones ajenas, con potenciales consecuencias impredecibles, sin que se haya producido un debate nacional abierto, transparente ni responsable.
La lucha contra el narcotráfico no puede sostenerse sobre la doble moral, ni utilizarse como pretexto para militarizar territorios vulnerables mientras se absuelve a figuras de alto nivel implicadas en el mismo delito.
Hoy la pregunta no es solo qué gana la República Dominicana con este acuerdo.
La pregunta real es: ¿Cuánto está dispuesta a perder en soberanía, seguridad y dignidad nacional?
