Al avance de la República Dominicana, de un 2.1 %, le sigue Senegal (1.6 %) y Bangladesh (1.3 %). Foto/fuente externa
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La República Dominicana se coloca en el puesto 76 de los 143 países evaluados en el Índice Estado de Derecho 2025 (WJP, en inglés), el país subió 11 posiciones, registrando el mayor avance (2,1 %) a nivel global.
Para el Poder Judicial, esta subida de la República Dominicana en el listado representa «un fortalecimiento sostenido de las instituciones públicas, con avances significativos en siete de los factores evaluados por el índice, entre ellos los límites al poder del gobierno, la justicia civil y la justicia penal», indicó este martes el Poder Judicial en un comunicado.
Al avance de la República Dominicana, de un 2.1 %, le sigue Senegal (1.6 %) y Bangladesh (1.3 %).
En base al informe, uno de los mayores impulsos al progreso del país en el índice se debe al fortalecimiento del sistema de justicia penal, que en 2025, registró mejoras significativas en el respeto al debido proceso, la no discriminación, la eficiencia procesal y la ausencia de corrupción, señaló el Poder Judicial.
«Este avance se asocia directamente a la implementación del sistema de gestión de casos en materia penal a nivel nacional, que ha permitido mayor trazabilidad de los expedientes, mejor control de plazos y reducción de la mora judicial», indicó la institución.
Respecto a la justicia civil, «el informe subraya una evolución positiva en la agilidad de los procesos, la integridad judicial y la reducción de la percepción de la corrupción».
Asimismo, la percepción de la consolidación de los mecanismos alternativos de disputas, como la mediación el arbitraje y la conciliación, «ha permitido ofrecer vías más rápidas y accesibles para resolver conflictos entre particulares y empresas», subrayó el Poder Judicial.
Con este resultado, la República Dominicana se sitúa en el puesto 16 de los 32 países de América Latina, por detrás de Argentina, Panamá y Trinidad y Tobago.
El World Justice Project (WJP) es una iniciativa internacional independiente que mide, mediante encuestas a ciudadanos y expertos, el grado en que los países aplican los principios del Estado de Derecho en la vida cotidiana, señaló la institución.
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