En observaciones de campo se registran barreras significativas en el acceso tecnológico a servicios gubernamentales y financieros para personas residentes en comunidades del interior del país, a diferencia de Santo Domingo y Santiago.
Muchas aplicaciones que se “supone” que la gente debe “bajar” para acceder a información o solicitar un servicio, códigos QR y otros mecanismos de acceso, se convierten en un dolor de cabeza para quienes no cuentan con orientación sobre su manejo. A esto se añade la falta de una conexión fija a internet en hogares y celulares. Por el contrario, el uso de “paqueticos” y “recargas” es común y limitante.
En el país se registran avances en conectividad, telecomunicaciones y servicios digitales que reflejan integración de una parte de la población a la economía digital. Estos procesos no han beneficiado a todos los grupos sociales. Se observan grandes brechas de acceso, uso y aprovechamiento de las tecnologías que generan exclusión y desigualdad social.
Entre un 35% y 47% de personas adultas (Global Findex /Banco Mundial,2025) se encuentran excluidas de varias plataformas digitales financieras, solo el 21.5 % dispone de conexión adecuada, frecuente y segura para aprovechar totalmente los servicios digitales. Una realidad marcada por la exclusión económica y digital que se agudiza en los sectores de menores ingresos, comunidades rurales y urbano-marginales, personas que viven de la economía informal o con bajos salarios y quienes residen en zonas periféricas a centros urbanos del país.
López Valerio (2025) indica que la República Dominicana ha avanzado en conectividad, pero todavía enfrenta problemas para convertir la tecnología en una herramienta de desarrollo económico sostenible. Según su análisis, el país continúa viendo la tecnología como un gasto y no como una inversión estratégica capaz de generar capacidades locales, innovación y valor agregado; la transformación digital no logra beneficiar a todos los grupos sociales por igual, generándose una economía digital dividida entre sectores totalmente integrados y aquellos que están al margen.
“La verdadera inclusión tecnológica no se mide únicamente por la disponibilidad de Internet o dispositivos, sino por la capacidad de la población para utilizar plataformas digitales en actividades productivas, educativas, financieras y de interacción con los servicios públicos. La conectividad por sí sola no garantiza participación plena en la economía digital” (Op.cit, 2025).
La brecha digital en nuestro país es un problema no solo tecnológico sino también económico y social. Refleja desigualdades históricas que han forjado una sociedad altamente estratificada con ingresos inestables vinculados a precarización en servicios fundamentales, educación y manejo tecnológico. Un círculo de exclusión cuya ruptura supone voluntad política y transformaciones en lógicas de gestión y desarrollo de políticas sociales y tecnológicas actuales.
