EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– Un proyecto de ley depositado en el Congreso Nacional propone establecer un régimen especial para atender los casos de personas cuya identidad o nacionalidad dominicana está en cuestión por irregularidades en sus documentos o registros civiles.
La iniciativa plantea que la regularización de la identidad y la documentación se realice mediante un procedimiento individualizado, en el que se examinen las circunstancias de cada persona, su trayectoria documental y, cuando corresponda, los vínculos que haya desarrollado con la República Dominicana.
El proyecto establece que la corrección de documentos no implica, por sí sola, el reconocimiento de la nacionalidad dominicana, cuya determinación deberá ajustarse a la Constitución y las leyes aplicables.
La iniciativa también establece que la Junta Central Electoral (JCE) sería la autoridad encargada de recibir, investigar y decidir las solicitudes de regularización, sin perjuicio de las competencias de otras instituciones en materia de nacionalidad, naturalización y migración.
Arraigo y documentación
Entre los elementos que podrían ser valorados figuran los vínculos familiares, laborales, educativos, económicos y sociales desarrollados en el país, así como la participación en el Sistema Dominicano de Seguridad Social y la trayectoria de documentos oficiales utilizados por la persona.
El proyecto aclara que el arraigo no dependerá exclusivamente del tiempo de permanencia en el territorio dominicano ni de un único documento, sino de una evaluación conjunta de las pruebas y circunstancias particulares de cada caso.
En cuanto a la documentación, contempla la expedición de una cédula especial de identidad para quienes no puedan acreditar jurídicamente la nacionalidad dominicana.
Este documento permitiría acreditar la identidad y mantener determinadas relaciones civiles y jurídicas, pero no habilitaría para votar ni para solicitar o renovar un pasaporte dominicano.
La propuesta establece que, cuando la nacionalidad no pueda determinarse, se consignará la expresión «Nacionalidad no determinada», sin que ello implique atribuir la nacionalidad dominicana.
Implicaciones para el sistema migratorio
El proyecto dispone que la situación de cada persona respecto de la nacionalidad se determine conforme a la Constitución y las leyes aplicables, tomando en consideración el régimen constitucional vigente al momento de su nacimiento cuando corresponda.
Asimismo, establece que la regularización documental no sustituye los procedimientos migratorios ni las actuaciones que legalmente correspondan a otras autoridades.
La iniciativa contempla que las instituciones públicas colaboren con la JCE en las verificaciones y actualizaciones necesarias, con el propósito de evitar la duplicidad de trámites y preservar la seguridad jurídica de los registros.
De igual manera, propone que los procedimientos sean gratuitos, que las solicitudes puedan presentarse de manera presencial o electrónica y que la JCE disponga de un plazo de 30 días laborables para decidir, ampliable hasta 45 días en casos excepcionales debidamente justificados.
Garantías y protección de derechos
El proyecto establece que las irregularidades documentales no producirán automáticamente la nulidad de los actos y relaciones jurídicas constituidos bajo la documentación cuestionada.
También contempla mecanismos para proteger a las personas cuya identidad haya sido suplantada, garantizar los derechos de terceros y permitir que las decisiones de la JCE puedan ser recurridas ante las instancias correspondientes.
La propuesta busca, además, que las personas regularizadas no tengan que repetir ante cada institución pública los procedimientos y verificaciones que hayan sido resueltos mediante una decisión firme.
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