El presidente Luis Abinader supervisó el túnel pluvial de la avenida Luperón, financiado con fondos de Aerodom, y expresó satisfacción con el ritmo de ejecución, el método constructivo y las medidas de seguridad. La noticia provoca una pregunta: ¿Satisfacción frente a cuáles promesas y después de cuánto tiempo?
El drenaje es necesario. Pero una visita presidencial no borra la distancia entre las obras ofrecidas para justificar la negociación y las que todavía esperan.
El Gobierno recibió los 775 millones de dólares en 2024. La ciudadanía sigue esperando resultados.
En noviembre de 2023 se anunció un programa concreto: asfaltado, puentes, soluciones viales y una unidad traumatológica. Las obras tenían nombre y presupuesto. No eran aspiraciones generales. Se presentaron como beneficios que recibiría la población por extender la concesión aeroportuaria. El puente paralelo al Jacinto Peynado sigue sin licitarse casi tres años después. Fue ofrecido para mejorar la comunicación de Santo Domingo Norte. Hasta ahora, comunica mejor la facilidad de anunciar con la dificultad de cumplir.
La avenida República de Colombia continúa en construcción, con terminación prevista para diciembre de 2027. Los tapones siguen ahí. Las soluciones todavía conservan el tiempo verbal del futuro. Para quien pierde horas diariamente en ese corredor, el anuncio de otra fecha difícilmente constituye una razón para celebrar.
El puente levadizo sobre el Ozama sigue pendiente de construcción. El asfaltado de La Caleta, Boca Chica y otros municipios permanece incompleto. Son compromisos que el Gobierno asumió al anunciar el acuerdo.
Supervisar el drenaje de la Luperón tampoco responde por esas obras. El balance oficial permite entender la diferencia: el Gobierno informa cuánto ha contratado y cuánto ha ejecutado. Son cosas distintas. Un contrato representa una obligación de construir. La población necesita la obra terminada y funcionando.
Confundir ambos momentos mejora la presentación, pero no mejora el tránsito.
Tampoco basta con sumar proyectos bajo el nombre de Aerodom. Corresponde presentar una relación que permita comparar cada compromiso original con su situación actual: presupuesto, contratación, pagos, avance y fecha de entrega. Si hubo cambios, deben explicarse. No se trata de exigir que todas las obras se entregaran al mismo tiempo. Se trata de preguntar por qué se anunciaron con tanta seguridad proyectos cuya contratación todavía está pendiente.
La improvisación también tiene un costo, aunque no aparezca en la fotografía del recorrido.
El dinero será fungible. La palabra presidencial no debería serlo.
El Gobierno puede celebrar el método constructivo y las medidas de seguridad de una obra. Lo que debe explicar es por qué casi tres años después de anunciar un programa financiado con un ingreso extraordinario todavía tiene compromisos sin licitar.
La satisfacción del presidente pertenece al recorrido. La evaluación ciudadana debe abarcar con las mismas exigencias todo lo prometido.
