Ellos han sido claros: no tienen manera de competir con los productores de Estados Unidos y, contrario a lo que se puede creer, el arroz no se mantendrá a un precio bajo si hay una importación masiva: una vez desaparezca la producción local, podría aumentar a merced del precio internacional, dependiendo de la tasa del dólar y los costos de importación.
La importación significaría, además, la quiebra de 30 mil productores y 130 factorías que generan 300 mil empleos: en cada saco de arroz intervienen 12 personas, según explicaron el miércoles pasado directivos de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz).
El Gobierno sabe que el arroz tiene un peso enorme en la economía y en la mesa: con un millón 300 mil tareas que se siembran dos veces al año, se producen entre 13 a 14 millones de quintales al año, mientras que el consumo va de un millón a un millón 250 mil quintales mensuales.
Los productores llevan semanas alzando la voz y las autoridades respondieron con una reunión encabezada por la vice Raquel Peña, que los dejó frustrados; y otra con el ministro Oliverio Espaillat, en la que decidieron apostar a que el presidente Luis Abinader renegociará el DR-CAFTA.
Confiar en renegociar con Estados Unidos es un mareo: Donald Trump no come cuento con sus aranceles y protegerá a los suyos. Aquí urge buscar fórmulas locales para proteger el arroz. Comiencen ya.
