Santo Domingo.– Ángel Luis Guzmán Vásquez aparece de manera reiterada en el expediente presentado por el Ministerio Público, que lo vincula con varias actuaciones que, según la investigación, habrían permitido afectar fondos del Seguro Nacional de Salud (Senasa), presuntamente con la participación de su hermano y su esposa.

Rol de Guzmán en Senasa

Guzmán Vásquez se desempeñó como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de Senasa entre el 8 de marzo de 2021 hasta el 1 de noviembre de 2022, posición que, de acuerdo con el Ministerio Público, le permitió conocer los procedimientos internos utilizados para tramitar las autorizaciones de servicios médicos.

Según la Fiscalía, ese conocimiento habría sido utilizado para participar en la solicitud de autorizaciones médicas fraudulentas, mediante llamadas al centro de atención telefónica de Senasa, en las que se utilizaban datos reales de afiliados que, de acuerdo con el expediente, no habían solicitado ni recibido los servicios.

El Ministerio Público también sostiene que Guzmán, junto a Angeury Guzmán Vásquez (su hermano) y Adonay María Carrasco, (esposa) habría utilizado nombres ficticios como “Pedro Martínez”, “Ángel Beltré” y “Amauris Gutiérrez” durante las llamadas al Call Center, con el propósito de ocultar sus verdaderas identidades.

Exempleados de Senasa habrían usado datos confidenciales de afiliados para crear reclamaciones por servicios no solicitados
En la imagen esta Hermano Angeury Guzmán Vásquez de hermano de Ángel Luis Guzmán Vásquez.

Autorizaciones y monto bajo investigación

Uno de los elementos señalados por el órgano acusador es que las llamadas realizadas desde los números telefónicos vinculados a la investigación generaron 4,363 autorizaciones, correspondientes a cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas.

El monto acumulado de esas autorizaciones, según el expediente, asciende a RD$41,125,551.02.

La Fiscalía afirma, además, que Guzmán y otros involucrados utilizaban códigos reales de médicos que formaban parte del esquema investigado para obtener autorizaciones de procedimientos y consultas que, según el expediente, no fueron realizados.

El documento también sostiene que se utilizaban los datos personales de afiliados para elaborar reclamaciones médicas con diagnósticos y procedimientos inexistentes, además de falsificar las firmas de los asegurados.

Entre los elementos que el Ministerio Público presenta figura una interceptación telefónica del 4 de marzo de 2025 entre Ángel Luis Guzmán y Starky Rodríguez Nova.

De acuerdo con la transcripción incluida en el expediente, Guzmán le comunica a Rodríguez que había visto un reportaje relacionado con tres números telefónicos vinculados a procedimientos ambulatorios por aproximadamente RD$40 millones, y que esos números correspondían a los utilizados por ellos y Angeury.

«Durante la conversación, ambos hablan sobre la posibilidad de cambiar los números telefónicos y de buscar asesoría legal. Guzmán también le advierte a Rodríguez que las llamadas podían estar grabadas», dice el documento.

Interceptación y transferencias bancarias

Entre ellos figuran transferencias realizadas desde cuentas de Ángel Luis Guzmán hacia Starky Rodríguez Nova por RD$110,250, RD$101,000 y RD$101,600, desde cuentas de Banreservas y el Banco BHD.

Asimismo, el documento registra transferencias en sentido contrario entre Rodríguez Nova y Guzmán por un total de RD$170,500 durante el período 2022-2025.

A esto se suman transferencias realizadas por Heidy Coronado Paulino hacia cuentas de Guzmán por RD$224,950, entre 2022 y 2024.

El Ministerio Público sostiene que estos movimientos corresponden a fondos cuya procedencia no pudo justificar dentro de los ingresos salariales de los involucrados y que estarían vinculados a los recursos obtenidos mediante las operaciones investigadas.

En términos generales, el Ministerio Público sostiene que Ángel Luis Guzmán habría participado en distintas etapas del mecanismo investigado: desde el uso de información de afiliados y la solicitud de autorizaciones médicas hasta la utilización de códigos de médicos, la generación de reclamaciones por servicios que supuestamente no fueron realizados y la posterior movilización de recursos.

También lo vincula con médicos bajo investigación y sostiene que estos habrían recibido pagos de SeNaSa por procedimientos que los afiliados negaron haber recibido.

El expediente señala que varios afiliados entrevistados por el Ministerio Público aseguraron no haber recibido los servicios médicos facturados a sus nombres, no reconocer a determinados médicos ni reconocer las firmas colocadas en los documentos. Además, se indica que el INACIF realizó pericias caligráficas que determinaron la falsificación de firmas en los documentos analizados.

Por el caso, actualmente Ángel Luis Guzmán Vásquez, guarda prisión en Las Parras.

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