EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) dispuso la suspensión de oficio y con carácter cautelar del Registro de Proveedores del Estado (RPE) de cuatro empresas, tras identificar posibles vínculos societarios, comerciales y familiares con personas y sociedades bajo investigación del Ministerio Público por presuntos delitos contra la Administración Pública.
Las razones sociales afectadas por la medida preventiva, contenida en el acto administrativo núm. DGCP44-2026-003760, son Grupo Zomo, SRL; Southwest Corporation Dominicana, SRL; Marenas, SRL, y Procesadora de Granos de Santo Domingo CK 1000, SRL.
Según una nota de prensa de la institución, los procesos continuos de verificación, interoperabilidad y cruce de datos permitieron detectar coincidencias y conexiones de estas entidades con proveedores cuyos registros ya se encontraban suspendidos en el marco de una investigación por delitos contra la Administración Pública en procesos de contratación pública.
El director general de la DGCP, Carlos Pimentel, precisó que la medida se adopta al amparo de las facultades otorgadas por la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación núm. 52-26, con el objetivo de resguardar el patrimonio estatal y la integridad del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP).
La institución explicó que su actuación se fundamenta en el riesgo razonable de que las sociedades identificadas puedan ser utilizadas como mecanismos indirectos para mantener la participación económica de personas o estructuras societarias previamente inhabilitadas en las contrataciones públicas.
“La medida supera un examen de razonabilidad y proporcionalidad y persigue el fin legítimo de preservar la transparencia, la libre competencia y el patrimonio público ante la necesidad de evitar la elusión de las medidas cautelares previas”, señala el acto administrativo dictado el 14 de septiembre.
La DGCP enfatizó que la decisión tiene carácter preventivo, provisional y no sancionador, por lo que no prejuzga la responsabilidad penal ni administrativa de las empresas afectadas ni de sus ejecutivos, función que compete de forma exclusiva al Ministerio Público y a los tribunales correspondientes.
Destacó que la suspensión se mantendrá vigente hasta que concluyan las investigaciones judiciales de los casos de origen o bien se acredite la desvinculación o cese de las circunstancias que motivaron la medida.
Finalmente, reveló que el acto administrativo fue remitido a la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para los fines pertinentes, y se encuentra publicado en la sección Marco Legal del portal institucional.
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