EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Julio César Beltré, sometió un proyecto de ley que busca establecer un Sistema Nacional de Planificación Quinquenal del Talento Humano, con el propósito de vincular la oferta académica de las universidades con las necesidades reales del mercado laboral.
La iniciativa plantea que cada cinco años el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) debe elaborar un Plan Nacional de Oferta Académica, sustentado en datos sobre empleabilidad, demanda de profesionales y proyecciones del mercado de trabajo.
Con esta medida el diputado procura evitar que en el país se enfrente a la desconexión entre la formación universitaria y las oportunidades de empleo, situación que de acuerdo a los considerandos, ha contribuido a generar sobreoferta de profesionales, desempleo y subempleo en determinadas áreas del conocimiento.
Uno de los aspectos principales de la iniciativa legislativa es la creación de una clasificación oficial de las carreras universitarias en tres categorías: alta demanda, demanda equilibrada y saturadas.
A partir de esa clasificación, el Mescyt tendría facultades para establecer límites de cupos en carreras saturadas, suspender temporalmente la apertura de nuevos programas, condicionar la acreditación o renovación de programas existentes y promover la reorientación curricular.
El proyecto también plantea que las universidades no puedan abrir nuevos programas académicos sin la correspondiente aprobación estatal, además de establecer mecanismos de transparencia sobre los resultados laborales de sus egresados.
Asimismo, se establece que las instituciones de educación superior deberán publicar información relacionada con sus egresados, incluyendo la tasa de empleabilidad, el nivel promedio de ingresos y el tiempo de inserción laboral.
El Sistema Nacional de Planificación del Talento Humano estaría coordinado por el Mescyt e integrado por el Ministerio de Trabajo, la Dirección de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Hacienda, el Banco Central y representantes de las instituciones de educación superior.
Entre sus funciones estaría recopilar y analizar datos sobre empleabilidad, identificar carreras con sobreoferta o déficit y proyectar las necesidades del mercado laboral cada cinco años.
La legislación contempla además, que el Estado pueda otorgar becas en áreas de alta demanda, incentivos fiscales a universidades y financiamiento preferencial, con el objetivo de estimular la formación de profesionales en sectores considerados estratégicos para el desarrollo nacional.
Mientras, las instituciones que incumplan las disposiciones de la eventual legislación podrían enfrentar multas administrativas, suspensión de programas y pérdida de acreditación.
El representante de la provincia Azua sostiene en la propuesta que el objetivo no es impedir que los jóvenes estudien las carreras de su elección, sino ordenar la oferta académica y evitar que miles de ciudadanos inviertan años y recursos en profesiones con escasas oportunidades de inserción laboral.
La iniciativa reconoce entre sus principios la autonomía universitaria, planificación estratégica, transparencia, eficiencia económica y pertinencia social, y establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla en un plazo no mayor de 12 meses después de su eventual aprobación.
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