Uno de los puntos culminantes del primer año de gobierno del presidente Luis Abinader fue el anuncio de doce grandes reformas. En palabras del primer mandatario, estas producirían una “segunda restauración institucional y material” de la República Dominicana. La ambición estaba a la altura de las necesidades del país. La agenda abarcaba reformas en materia fiscal, laboral y de seguridad social, así como electricidad, agua, hidrocarburos, Policía Nacional, educación, transporte y modernización del Estado. Se convocó al Consejo Económico y Social con el fin de articular una gran concertación nacional para impulsar esa agenda.
Cinco años después, es justo reconocer avances. Según cifras oficiales, más de 300 trámites públicos fueron simplificados y digitalizados, con reducciones significativas en sus tiempos de respuesta. Asimismo, la reorganización estatal avanzó con 21 procesos de cambios institucionales, entre ellos la reciente fusión de los ministerios de Hacienda y Economía.
Sin embargo, el balance general dista mucho de las expectativas creadas. La reforma fiscal fue sometida y retirada por el Ejecutivo, y solo más tarde se logró aprobar una ley de alcance mucho más limitado. La reforma laboral sigue atrapada en el Congreso y la modificación de la seguridad social no encuentra puerto. La reforma policial regresó a la agenda tras perimir en la Cámara de Diputados, la Ley de Aguas continúa en lista de espera y, en materia de hidrocarburos, apenas se ha retomado la intención de revisar la legislación vigente.
¿Qué impidió avanzar en cada caso? ¿Dónde faltó determinación política y dónde los intereses sectoriales bloquearon el consenso? ¿En cuáles reformas vale la pena mantener el rumbo y cuáles requieren ser replanteadas? Ha pasado tiempo suficiente para evaluar los resultados y aprender de la experiencia antes de intentar abrir nuevos frentes reformadores.
