EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), George Richardson, anunció la puesta en marcha de un plan institucional de veeduría y soporte técnico para contribuir a la aplicación efectiva y expedita de la Ley núm. 16-26, que establece un marco extraordinario para el pago a contratistas por obras públicas ejecutadas para el Estado dominicano.
De acuerdo a un comunicado, Richardson afirmó que la aplicación de esta legislación constituye una prioridad para el Codia, debido a su impacto directo en profesionales del sector que durante años han mantenido pendientes pagos correspondientes a trabajos realizados para el Estado.
“Detrás de cada cubicación pendiente y de cada expediente retrasado se encuentran profesionales que empeñaron su esfuerzo, su crédito y el patrimonio de sus familias para construir las escuelas, caminos vecinales, hospitales y acueductos que hoy disfrutan nuestras comunidades. Nuestra prioridad es lograr que se haga justicia distributiva y que el Estado cumpla de manera transparente y ágil con quienes cumplieron cabalmente con la patria”, expresó el presidente del Codia.
Asimismo, indicó la disposición del Codia de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del presidente Luis Abinader para contribuir a la solución definitiva de las deudas y compromisos pendientes que han afectado al sector construcción durante los últimos años.
“Saludamos la voluntad del Poder Ejecutivo de sanear estos pasivos históricos. Extendemos nuestra mano técnica y profesional a la administración del presidente Luis Abinader para trabajar de manera armónica, fortaleciendo la confianza recíproca y la transparencia”, sostuvo Richardson.
La iniciativa institucional contempla como prioridad facilitar el cobro oportuno de los contratistas reconocidos en el catálogo establecido en el artículo 10 de la Ley núm. 16-26.
De igual manera, el Codia establecerá una ruta de orientación y asesoría legal para canalizar las reclamaciones de aquellos arquitectos e ingenieros que, siendo acreedores legítimos del Estado, hayan quedado fuera del anexo contemplado en la legislación.
El gremio entiende que este proceso debe desarrollarse bajo criterios de transparencia, igualdad de trato y respeto al marco constitucional y legal vigente, garantizando que los profesionales que cumplieron con sus obligaciones puedan acceder a los mecanismos establecidos para el reconocimiento y pago de sus acreencias.
“El Codia ejercerá con altura su condición de asesor del Estado y defensor de sus miembros, conforme a las Leyes núm. 6160 y 6200, actuando como un puente constructivo que dignifica el trabajo técnico y contribuye a la estabilidad del sector construcción», afirmó Richardson.
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