El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) pidió este jueves al Gobierno de Honduras activar «de forma inmediata» un protocolo de asistencia consular para verificar el estado físico del hondureño Brayan Sánchez, deportado en julio de Estados Unidos a la República Centroafricana junto con cuatro cubanos y un ecuatoriano.
Sánchez y los cubanos Omar Rodríguez, Arístides Fernández, Yasmany Moreno y Daniel Lázaro Fuente, además del ecuatoriano Mauricio Alvarado, fueron deportados sin previo aviso el 30 de julio a Bangui, capital de la República Centroafricana, donde aseguran temer por sus vidas y solo reciben atención de supuestos funcionarios de la ONU.
En un comunicado del organismo, la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, señaló que entre las acciones prioritarias del Estado hondureño debe estar constatar las condiciones físicas en las que se encuentra Sánchez y atender sus necesidades básicas urgentes.
También consideró necesario que Honduras le emita un pasaporte, en caso de que no cuente con un documento que acredite su nacionalidad y le permita movilizarse internacionalmente, debido a que permanece en un país que, según dijo, «no reúne las condiciones básicas para tener una vida digna».
Reyes recomendó, además, entrevistar al hondureño para conocer las alternativas que considera viables, siempre respetando su consentimiento.
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«El traslado a un tercer país, sin el consentimiento de la persona y sin dominio del idioma, constituye una violación al debido proceso», afirmó la defensora.
Reyes destacó la necesidad de revisar, mediante un abogado, el debido proceso seguido en Estados Unidos para su deportación y señaló que cualquier eventual retorno a ese país debería producirse a través de una decisión judicial.
No obstante, ante las actuales políticas migratorias estadounidenses, la activista estimó que lo más conveniente es que sea Sánchez quien determine si desea trasladarse a otro país, siempre dentro de los acuerdos que Estados Unidos mantiene con terceros Estados y con garantías para sus derechos humanos.
El Conadeh sugirió revisar con qué otros países de la región existen convenios que permitan garantizar protección internacional, acceso al trabajo y condiciones de vida dignas en caso de que Sánchez no pueda regresar a Estados Unidos.
La Cancillería hondureña reiteró este jueves que da seguimiento al caso de Sánchez y que apoyaría a gestionar su «retorno voluntario» a Honduras, pero el migrante sostiene que no puede regresar porque salió del país por amenazas de muerte de criminales.
El caso refleja las crecientes deportaciones de migrantes por parte de la Administración de Donald Trump a terceros países en África, con acuerdos para que los acepten en Ruanda, Sudán del Sur, Esuatini, Uganda, Ghana, Camerún y la República Democrática del Congo, según el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas.
La Administración elevó estos esfuerzos tras un fallo de la Corte Suprema que autorizó en junio de 2025 estas expulsiones. Desde entonces, ha «deportado a personas a condiciones inseguras sin debido proceso y con menos de 24 horas de aviso», aseveró el Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados (IRAP).
