José Alcántara, comunicador. (Foto: Luis Montero)
Analizando noticia… por favor espera.
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El comunicador José Alcántara cuestionó la disparidad en la aplicación de la justicia en República Dominicana, a propósito de la condena de seis meses de prisión impuesta a Juan Alcántara Martínez, conocido como “Último”, tras ser hallado culpable del robo de 32 aguacates en una finca del municipio de San José de Ocoa.
Alcántara recordó que el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San José de Ocoa condenó al imputado a cumplir la pena en la cárcel pública de Baní, decisión que, aunque considera ajustada a la existencia de un delito, ha generado un amplio debate en la opinión pública por la diferencia de trato respecto a otros casos de mayor gravedad.
El comunicador sostuvo que toda infracción debe conllevar consecuencias, independientemente de su magnitud, ya que la aplicación de la ley contribuye a preservar el orden social y a desincentivar la comisión de delitos.
“Estoy a favor de que desde el que se roba un peso hasta el que se roba miles de millones reciba una sanción. Lo que la sociedad cuestiona es la diferencia de trato cuando se comparan unos casos con otros y se percibe que la justicia no actúa con el mismo criterio para todos”, expresó Alcántara.
Alcántara se expresó en esos términos durante la conducción del programa “El Nuevo Diario los Sábados”, transmitido a través de la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
(Ver programa)
Asimismo, afirmó que la condena por el robo de los aguacates ha reavivado el debate sobre la proporcionalidad de las penas, al ser comparada con procesos judiciales relacionados con presuntos actos de corrupción en los que algunos imputados han obtenido acuerdos con el Ministerio Público sin cumplir penas de prisión.
En ese sentido, consideró que, en los casos de delitos menores, el sistema judicial debería priorizar medidas alternativas que favorezcan la reparación del daño y la reinserción social, en lugar del encarcelamiento.
“En un caso como este, el responsable debió resarcir el daño causado, indemnizar al propietario y realizar trabajo comunitario. Llenar las cárceles con personas que cometen delitos menores termina siendo más costoso para el Estado y no necesariamente contribuye a su rehabilitación”, manifestó.
Alcántara expresó su esperanza de que el sistema judicial continúe evolucionando hacia una aplicación más equitativa de la ley, donde las sanciones sean proporcionales a la gravedad de los hechos y se garantice igualdad de criterio sin importar la condición económica o social de los involucrados.
Relacionado
