Ginebra.- Una docena de expertos y distintos grupos de trabajo en derechos humanos de la ONU pidieron este jueves a las autoridades de Venezuela que eliminen las restricciones que dificultan la labor de las organizaciones de la sociedad civil, a las que consideran un actor «indispensable» en la respuesta a los terremotos del pasado 24 de junio y en la atención a las comunidades afectadas.
Los expertos señalaron que organizaciones de derechos humanos, redes vecinales, asociaciones comunitarias y entidades internacionales están participando a la par en la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación de fallecidos, la asistencia directa a las víctimas y la distribución de medicamentos y suministros esenciales.
Ante la magnitud de la tragedia, la sociedad civil ha asumido un papel indispensable y deberá ser considerada plenamente en las siguientes fases de la respuesta», dijeron los expertos, que reclamaron que esta labor sea reconocida por las autoridades venezolanas y la comunidad internacional.
Ley de ONG bajo cuestionamiento
Mencionaron como uno de los aspectos que genera más preocupación la aplicación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, que obliga a las entidades a realizar trámites de inscripción o reinscripción en un registro estatal.
Según los expertos, estos procedimientos se han convertido en un obstáculo para muchas organizaciones debido al «silencio administrativo» de las autoridades, lo que puede poner en riesgo su funcionamiento y congelar de forma arbitraria su personalidad jurídica.
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También señalaron que las normas establecidas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN) someten a las oenegés a una supervisión considerada excesiva respecto a otros actores, además de dificultar la recepción y gestión de recursos, incluidos los procedentes de organizaciones internacionales.
Ayuda a damnificados y centros de acopio
Los expertos pidieron a Venezuela facilitar las transferencias de efectivo a personas damnificadas y que las fuerzas de seguridad protejan las iniciativas ciudadanas de ayuda y los centros de acopio, lo que serían acciones habituales en cualquier otra situación de crisis humanitaria.
