Ilustración: El Nuevo Diario.
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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cúmulo de penas, las tres causales del aborto y el tratamiento del exhibicionismo sexual marcaron este miércoles la recta final del proceso de recepción de propuestas para modificar el nuevo Código Penal, con la entrega de iniciativas de juristas, organizaciones sociales y grupos religiosos en el Congreso Nacional.
Entre las propuestas más relevantes figura la presentada por el presidente de la Fundación Primero Justicia, Miguel Surun Hernández y el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Vidal Potentini, quienes plantearon cambios dirigidos a fortalecer la libertad de expresión, evitar excesos punitivos y corregir disposiciones que consideran contrarias a la Constitución.
Los juristas manifestaron su preocupación por mantener figuras que podrían facilitar la persecución de los delitos de opinión y limitar las denuncias de corrupción contra funcionarios públicos.
Surun Hernández rechazó cualquier modificación que implique la despenalización del exhibicionismo sexual cuando se aleguen fines artísticos o culturales, al considerar que esa medida afectaría la protección de la familia y de los espacios públicos.
Asimismo, se opuso a flexibilizar las sanciones contra el bullying, el ciberbullying y los insultos contemplados en los artículos 121, 122 y 123, al entender que ello favorecería la impunidad frente a conductas que afectan principalmente a niños, adolescentes y otras personas vulnerables.
Otro de los aspectos cuestionados fue el régimen del cúmulo de penas. Vidal Pontentini advirtió que la combinación de esa figura con la concurrencia de infracciones en delitos de opinión podría dar lugar a condenas de hasta 60 años de prisión.
En ese sentido, planteó mantener la pena máxima en 30 años de prisión y permitir un límite de hasta 40 años mediante el cúmulo de penas, en lugar del esquema previsto en el texto aprobado.
El presidente del gremio sostuvo que la iniciativa busca evitar una «inflación punitiva», al considerar que el proyecto incrementa de manera desproporcionada las penas e incorpora sanciones complementarias para numerosas infracciones.
Además, propuso eliminar el artículo 310 y avanzar hacia la despenalización de los delitos de opinión conforme a estándares internacionales, así como eliminar el trato privilegiado que reciben los funcionarios públicos en casos de difamación.
Vidal Potentini también pidió al Congreso tomar en cuenta los recursos de inconstitucionalidad depositados ante el Tribunal Constitucional y extender por seis meses el proceso de revisión del Código Penal para permitir un análisis más amplio y consensuado.
Igualmente, expresó preocupación por la responsabilidad penal atribuida a las personas jurídicas y por la reintroducción de la denominada «responsabilidad en cascada» para los medios de comunicación, al considerar que representa un riesgo para el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa en el país.
Tres causales
En otro documento entregado a la comisión legislativa, organizaciones defensoras de las tres causales solicitaron modificar los artículos 110 y 111 del nuevo Código Penal para incluir las excepciones que permitirían la interrupción del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer esté en riesgo, el embarazo sea consecuencia de violación o incesto o exista inviabilidad fetal.
En representación del colectivo habló Tamara Aquino, quien sostuvo que las tres causales están respaldadas por la Constitución y por derechos fundamentales como la salud, la dignidad, la integridad personal y el derecho a vivir libres de violencia.
Preocupaciones de organizaciones
Por otra parte, la directora de Juventud Con Una Misión (Jucum), Omayra Álvarez, afirmó que uno de los puntos que más preocupa a esa organización es la redacción de las disposiciones sobre discriminación, al entender que podrían derivar en sanciones penales, incluso con penas de prisión, por negarse a prestar determinados servicios.
También señaló que el debate público se ha concentrado en la libertad de expresión y las tres causales, mientras otras modificaciones, como la reducción de penas para determinados delitos sexuales han recibido poca atención.
Prescripción de violación infantil
En tanto, el abogado Juan Contreras, rechazó la propuesta del Poder Ejecutivo de reducir de 30 a 20 años el plazo de prescripción del delito de violación sexual infantil contado desde la comisión del hecho.
Contreras calificó la iniciativa como un retroceso en la protección de niños, niñas y adolescentes, al advertir que muchos de estos delitos se denuncian años después de ocurridos.
En ese sentido, instó al Gobierno a explicar públicamente las razones del cambio y aseguró que continuará promoviendo modificaciones al Código Penal para fortalecer la protección de la niñez y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.
La comisión bicameral que estudia las propuestas de modificación al nuevo Código Penal volverá a reunirse la tarde de este miércoles para continuar el análisis de las iniciativas depositadas por legisladores, juristas y organizaciones de la sociedad civil.
Los comisionados evaluarán estas y otras observaciones con el objetivo de concluir un informe que será presentado al pleno del Senado y de la Cámara de Diputados. La intención del Congreso es conocer y aprobar las modificaciones al Código Penal entre este jueves y viernes, antes del cierre de la presente legislatura.
ADDP/
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