El nacimiento de un ser humano es un hecho trascendental: marca el inicio de la vida. Hoy ese derecho sagrado está siendo vulnerado por decisiones estatales que contradicen la Constitución, Ley General de Salud, Declaración de derechos de la niñez y protocolos nacionales e internacionales que protegen la vida materna y neonatal.
Los estándares de la OMS y la OPS son claros: el parto es un acto de amor, un proceso que exige respeto, acompañamiento, privacidad, información y cuidados libres de violencia. El protocolo impuesto desde abril 2025 violenta este carácter y rompe con todos los principios y derechos que rigen la atención obstétrica en el país. Una violación directa a los documentos oficiales del Ministerio de Salud Pública (2013, 2017, 2019, 2020) y las guías internacionales.
La consecuencia es brutal. La presencia de agentes de migración en salas de parto ha generado terror entre mujeres dominicanas de piel negra, mujeres de ascendencia haitiana y migrantes. Muchas han optado por parir en matorrales, casas improvisadas o en condiciones de alto riesgo para evitar ser apresadas. Otras son detenidas inmediatamente después de dar a luz. En algunos casos, sus bebés quedan abandonados y sin protección, expuestos a complicaciones que pueden costarles la vida.
Esto no es política pública: es una amenaza directa a la salud pública.
El Colectivo de Migración y Derechos Humanos, respaldado por más de 1,000 firmas de representantes de organizaciones e instituciones en una campaña ciudadana, solicitó el pasado 22 junio frente al Palacio Nacional al presidente de la república, Luis Abinader, la derogación de este protocolo. Su mensaje es contundente: los hospitales deben ser espacios seguros, no centros de persecución. “Una sala de partos no es lugar para desarrollar la política migratoria”, advierten. Y tienen razón. Cuando una mujer evita ir al hospital por miedo, el Estado está fallando en su deber más básico: proteger la vida.
La solicitud al presidente no es un reclamo aislado. Es la voz articulada de organizaciones de salud, defensores de derechos humanos y sectores sociales que conocen la realidad de las poblaciones vulnerables. Piden la derogación inmediata del protocolo migratorio y el retiro de los agentes de migración de los hospitales. Que se respete la vida.
Llaman al diálogo con la sociedad civil, el personal sanitario y organismos especializados para construir una política migratoria que no sacrifique la dignidad humana ni la salud pública. Una política que no discrimine y no convierta el miedo en parte del proceso de nacer.
Ningún bebé debería llegar al mundo sin garantías de vida. Y ninguna mujer debería parir bajo el terror y la amenaza a su integridad.
