La inseguridad ciudadana sigue incrementando el cierre o las restricciones de actividades de negocios en Perú, donde un 45 % de ciudadanos sabe de negocios que han sido afectados por esta problemática, reveló un estudio difundido este martes.
- En apenas un año, el porcentaje de peruanos que ha sido testigo del cierre o la restricción de actividades de bodegas (tiendas), peluquerías, restaurantes, farmacias y otros negocios de su barrio, como consecuencia de la inseguridad ciudadana, pasó de 32 % a 45 %», señaló una encuesta realizada por la empresa privada Ipsos para el Observatorio del Crimen y la Violencia.
En ese sentido, el Sexto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, una iniciativa del Banco de Ideas Credicorp y el Banco de Crédito del Perú (BCP) en alianza con CHS Consultora, precisó que Lima es la región más golpeada por esta problemática, con un 59 % y un efecto que alcanza por igual a todos los niveles socioeconómicos.
La inseguridad no se limita al temor por la integridad física; está cerrando negocios, retrayendo ingresos familiares y deteriorando la salud mental de millones de peruanos», comentó al respecto el exviceministro del Interior Ricardo Valdés, uno de los autores del reporte.
El experto alertó que, por ese motivo, no se está «frente a un problema puntual, sino frente a un fenómeno que está erosionando las bases mismas de la vida económica y social del país».
El informe añadió que la proporción de la población adulta que considera que sus niveles de ansiedad y estrés han aumentado «algo» o «mucho» como consecuencia de la inseguridad pasó de un 75 % en 2025 a un 78 % en 2026.
Suscribete al newsletter de Noticias SIN
Este crecimiento ha sido «especialmente marcado en la zona norte del país y en las áreas urbanas del interior» peruano, sostuvo.
Al respecto, confirmó que los transportistas son el sector más golpeado por la extorsión y el sicariato (asesinatos por encargo), y detalló que entre enero y mayo de 2026 se documentaron 131 homicidios y homicidios fallidos contra conductores, cobradores y pasajeros de estas unidades de transporte público.
Estos casos se concentraron «abrumadoramente en Lima y el Callao«, la portuaria provincia aledaña a la capital, y bastante por debajo, las regiones norteñas Piura y La Libertad, y la sureña Ica.
La investigación identificó, en ese sentido, que existen «corredores metropolitanos específicos» que conectan las zonas del norte y el este de Lima con el sur de la capital, que «es más castigado de lo que sugería una primera lectura, con clara concentración en horario nocturno» de estos delitos.
Al respecto, el exministro del Interior Carlos Basombrío, otro de los coautores del reporte, indicó que «la extorsión sigue siendo, para todo fin práctico, un delito impune».
- En ocho años, con casi 23.000 presos más en el sistema penitenciario, el número de internos por extorsión apenas pasó de 1.328 a 1.498. Es como si nada se hubiera movido», alertó.
El reporte presentó, además, un Índice del Crimen Violento (IDCV), que suma homicidios y femicidios consumados y fallidos, e indicó que entre enero y mayo de 2026 se registraron 1.054 de estos casos a nivel nacional, con una tendencia al alza, impulsada principalmente por los homicidios fallidos.
En este aspecto, la región sureña de Ica fue la más afectada, al combinar números absolutos y población, mientras que la localidad de San Antonio de Putina, en la región sureña de Puno y que está vinculada a la minería ilegal, alcanzó una tasa de 92,89 por cada 100.000 habitantes, muy por encima del resto del país.
