SANTO DOMINGO.-El presidente Luis Abinader juramentó este miércoles al Comité Dominicano de Salud Mental Penitenciaria, una nueva estructura interinstitucional creada para fortalecer los programas de atención integral dirigidos a los privados de libertad con trastornos psiquiátricos severos.
Durante el acto solemne en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, el mandatario destacó que este organismo estatal y académico acompañará las políticas públicas del Gobierno para humanizar las prisiones, proteger los derechos humanos y salvaguardar también la integridad tanto de los agentes correccionales como de los familiares directos de los internos.
El acto se celebró en el marco de la «Semana por la Salud Mental Penitenciaria», una jornada nacional desarrollada del 2 al 7 de junio que congrega a especialistas y universidades con el fin de reformar las políticas asistenciales.
Como primera acción de impacto derivada de esta iniciativa, el jefe de Estado anunció la apertura de tres centros penitenciarios especializados en salud mental en Najayo (San Cristóbal), La Vega y San Pedro de Macorís, los cuales comenzarán a operar de inmediato este viernes.
Con este despliegue, Abinader aseguró que República Dominicana se posiciona entre las primeras naciones de la región en establecer un sistema de asistencia médica y psicosocial integrado directamente dentro de los recintos de reclusión, atajando la falta histórica de pabellones psiquiátricos carcelarios en el país.
Estar en prisión eleva hasta 10 veces el riesgo de padecer patologías de salud mental en comparación con la población general. De acuerdo con las autoridades sanitarias actuantes, los diagnósticos de mayor prevalencia detectados en las celdas corresponden a depresión severa, trastornos de ansiedad, cuadros de estrés postraumático agudo e ideación suicida, detonados y profundizados por el régimen de aislamiento prolongado y las tensiones del proceso judicial carcelario.
Frente a este diagnóstico técnico, Abinader recalcó la importancia de la salud mental en las políticas de seguridad ciudadana, argumentando que estabilizar clínicamente a la población reclusa disminuye las tasas de delincuencia interna, previene motines violentos y viabiliza una genuina rehabilitación social para cuando recuperen su libertad.
El plan de intervención carcelaria corre en paralelo con el Plan Nacional de Estrategia de Salud Mental 2026-2030, una política de Estado que ya ha permitido la habilitación de 105 camas especializadas adicionales en la red hospitalaria tradicional para la contención de crisis psiquiátricas.
Asimismo, el gobernante informó sobre los avances de infraestructura civil que ejecutan los ministerios del área, destacando la construcción de nuevos centros psicosociales en las provincias de La Altagracia y Espaillat, la remodelación del centro especializado ubicado en el kilómetro 28 de Pedro Brand, y el desarrollo del futuro Instituto de Neurociencias, una megaobra de investigación y clínica médica que operará en los terrenos de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar.
Por su parte, el director general de la Oficina Nacional de Apoyo a las Reformas Penitenciarias y de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, expuso que la conformación del comité asimiló las experiencias científicas y los modelos exitosos de Puerto Rico, territorio donde el sector académico interviene activamente en los diagnósticos penitenciarios.
En coincidencia, la presidenta pro tempore de la comisión, Sandra Margarita Fernández Cedeño, precisó que las instituciones miembros priorizarán el desarrollo de un expediente clínico digital unificado que permita generar estadísticas epidemiológicas confiables.
Finalmente, la experta adelantó que impulsarán un Centro Docente de Salud Penitenciaria enfocado en robustecer la formación continua de los especialistas en el país.
