Cada vez que en el país un caso de violencia sexual contra una adolescente se justifica, se invisibiliza o se transforma en espectáculo mediático, la sociedad entera retrocede.
Retrocede la justicia, retrocede la protección de la niñez y se debilita la confianza ciudadana hacia el sistema que debe garantizar protección y reparación para las víctimas.
La normalización de las uniones tempranas y de las relaciones sexuales entre hombres adultos y
adolescentes sigue siendo una de las expresiones más profundas de desigualdad y violencia.
Hace dos semanas se reportaron dos feminicidios de adolescentes de 15 y 16 años a manos de
dos hombres adultos (24 y 26 años) con quiénes se mantenían en unión libre y un adulto (Wander Franco) “jurídicamente perdonado” luego de haberse demostrado que mantenía una relación con una adolescente de 16 pero que inició ¡Cuando ella tenía 14 años!
No podemos olvidar que aunque una adolescente haya iniciado su vida sexual, sigue siendo una niña y que en un vínculo marcado por la diferencia de edad, poder económico, influencia social o autoridad, no existe posibilidad de consentimiento libre, porque el consentimiento no puede construirse desde el miedo, la dependencia, la admiración forzada o la desigualdad.
Está prohibido olvidar que en estos tres casos estamos hablando de violencia y de delitos. Sin embargo, pareciera que la complicidad masculina y el pacto de protección entre hombres continúan operando por encima de la justicia.
Este acuerdo masculino se expresa simbólicamente
en discursos jurídicos, opiniones públicas y argumentaciones personales que buscan justificar,
minimizar o contextualizar la conducta del agresor y responsabilizan a la víctima del delito. Así, el debate deja de centrarse en quien debe ser juzgado para concentrarse en la conducta, las decisiones o incluso la moralidad de la víctima. El agresor encuentra empatía y la víctima,
cuestionamientos.
Cuando esto ocurre y la víctima es una adolescente, se envía un mensaje devastador a todas las niñas del país: que su palabra puede ser cuestionada, que su dolor puede relativizarse y que el poder, incluido el poder masculino, puede imponerse sobre la justicia. Cada vez que esto sucede, se refuerzan las normas sociales que toleran, justifican y perpetúan la violencia contra mujeres,
niñas y adolescentes y se incrementa el riesgo de que nuevas violencias encuentren las mismas excusas, las mismas tolerancias y, finalmente, la misma impunidad.
Por ello es necesario recordar el enorme poder educativo que tienen quienes integran las instituciones del Estado y quienes influyen en la formación de la opinión pública. Jueces y juezas, legisladores/as, ministros/as, medios de comunicación, iglesias, organizaciones sociales y líderes de opinión contribuyen, con sus decisiones, discursos y actuaciones, a definir lo que una sociedad considera aceptable o inaceptable.
Cada sentencia, cada discurso y cada respuesta institucional transmite valores, moldea percepciones y envía mensajes a la ciudadanía. Que no se nos olvide que todos y todas educamos con la práctica y ellas pueden contribuir a desmontar las normas sociales que sostienen la violencia contra niñas y adolescentes o, por el contrario, reforzarlas y legitimarlas.
Por eso, cuando se minimiza una agresión, se relativiza el daño o se privilegian consideraciones ajenas a los derechos de las víctimas, no solo se afecta un caso particular; también se debilita el mensaje de protección que la sociedad debe garantizar y se reduce la esperanza de que estas violencias no vuelvan a repetirse.
Hoy más que nunca debemos recordar que una sociedad se mide por la forma en que protege a sus niñas. Y cuando una niña o adolescente es sometida, violentada o asesinada, el fracaso no es individual, es un fracaso colectivo que interpela a nuestras instituciones, nuestras normas sociales y nuestra conciencia como país.
