EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El senador Eduard Espiritusanto, vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo en el Senado, sometió este lunes una iniciativa legislativa que propone modificaciones a la Ley de Residuos Sólidos, con el objetivo de sustituir el esquema uniforme de contribución por un sistema diferenciado.
El proyecto plantea que el pago se determine en función de la naturaleza de la actividad económica, el volumen de residuos generados y la capacidad contributiva, con la finalidad de establecer una tasa proporcional, según detalla un comunicado de prensa.
La iniciativa también contempla la eliminación del pago a las instituciones sin fines de lucro. Según el documento, esta disposición se fundamenta en el artículo 50 de la Ley núm. 122-05 sobre Regulación y Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, que establece la exención de tributos, impuestos, tasas y contribuciones especiales de carácter nacional o municipal.
Asimismo, el proyecto incorpora a la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) como integrante del Consejo del Fideicomiso, incluyendo su representación dentro de ese órgano de administración.
En cuanto al cálculo de la tasa, la propuesta establece que las entidades con bajo volumen de residuos aportarían RD$3,000.00 si sus ingresos son de hasta RD$1,000,000.00; RD$6,000.00 si se sitúan entre RD$1,000,001.00 y RD$10,000,000.00; y un 0.25 % de la renta neta anual si superan ese monto.
Para las entidades con volumen medio de residuos, se fijan aportes de RD$5,000.00 para ingresos de hasta RD$1,000,000.00; RD$10,000.00 para ingresos entre RD$1,000,001.00 y RD$10,000,000.00; y un 0.40 % de la renta neta anual para ingresos superiores.
En el caso de las entidades que generan un alto volumen de residuos, el proyecto establece un aporte equivalente al 1 % de la renta neta anual, mientras que aquellas con muy alto volumen aportarían el 1.5 %.
La iniciativa también propone eliminar el aporte fijo de veinte pesos (RD$20.00) por habitante destinado a los ayuntamientos.
El documento indica que este mecanismo representa una carga adicional para la población y plantea que su distribución podría carecer de criterios técnicos verificables y dar lugar a discrecionalidad administrativa en el manejo de los recursos.
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