EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Instituciones estatales dominicanas avanzan en un proyecto nacional para fortalecer la gestión de escombros ante posibles desastres de gran magnitud, con el objetivo de robustecer la preparación, respuesta y recuperación del país.
Este esfuerzo, coordinado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), involucra a la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Así lo informó Onesvie, mediante una nota de prensa, donde indicó que la iniciativa incluye visitas técnicas en el Gran Santo Domingo para evaluar terrenos viables para un sistema logístico nacional de gestión de escombros.
Según la subdirectora de Onesvie, Nítida Sánchez, se busca «anticipar escenarios críticos mediante la identificación de espacios adecuados para la disposición final de escombros, permitiendo una respuesta más organizada y eficiente ante emergencias.»
Desde 2023, el MOPC ha estado evaluando terrenos para el manejo, traslado y disposición final de escombros en emergencias, con el apoyo del PNUD y el Servicio Geológico Nacional (SGN). Esta acción preventiva busca optimizar la respuesta operativa, reducir los impactos ambientales y sanitarios, y garantizar una gestión más eficiente de los residuos derivados de desastres.
Marco Antonio Giraldo Rincón, consultor del PNUD, subrayó que estas acciones «permitirán organizar de manera integral el manejo, traslado y disposición final de los escombros desde el momento en que ocurra un evento de gran impacto.»
El proyecto busca establecer un protocolo nacional sólido, seguro y estandarizado, alineado con las mejores prácticas internacionales en gestión de riesgo. La directora de Gestión de Riesgos a Desastres del MOPC, Martha A. Souffront, resaltó que las visitas técnicas son «clave para evaluar de manera segura los terrenos potenciales».
Esta iniciativa representa un paso estratégico hacia una política pública de gestión integral de riesgos, contemplando la planificación post-evento y fortaleciendo la resiliencia nacional.
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