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Tildan de decreto inconstitucional que declara al pasaporte electrónico como seguridad nacional

Tildan de decreto inconstitucional que declara al pasaporte electrónico como seguridad nacional

Diario Nuevo, Santo Domingo. – La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, estableció el Decreto 282-23 emitido por el presidente Luis Abinador, que declara de seguridad nacional la contratación, diseño y emisión de pasaportes electrónicos en República Dominicana, específicamente contrarios a la Constitución dominicana. , Artículo 49 de la – Libertad de Expresión e Información. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones en cualquier forma sin previo establecimiento de censura. 1) Toda persona tiene derecho a la información.

Este derecho comprende la búsqueda, consulta, recepción y difusión de información de carácter público de toda clase por cualesquiera medios, canales o vías previstos en la Constitución y las leyes.

ADOCCO señala que se decreta la declaratoria de seguridad nacional por un año, en donde toda la información de los contratos con fundamento en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas, con la excepción prevista en el artículo 6: De los procedimientos de compras y contrataciones: Artículo 1: Aquellos Quedan excluidos de la aplicación de la presente ley, los que por razones de seguridad o emergencia nacional puedan afectar el interés público, la vida o la economía del país, sustentados en previa declaración y decreto. Características técnicas de los documentos.

Julio de la Rosa Tiburcio, presidente de la Organización de la Sociedad Civil, dijo que la Ley 200-04, sobre el libre acceso a la información pública, citada en el mencionado decreto, se encuentra establecida en su artículo 2.- Este derecho a la información incluye el acceso a la información contenida en las actas y archivos de la administración pública.El derecho, así como el derecho a ser informado periódicamente sobre las actividades realizadas por los órganos y personas que desempeñan funciones públicas, Siempre y cuando este acceso no afecte la seguridad nacional. “De ninguna manera indica el hecho de que se pueda dar información sobre proveedores u oferentes de un bien adquirido con fondos públicos”.

Asimismo, la “Reserva”, Ley 200-04, consideró en su artículo 17.- Las siguientes limitaciones y excepciones a la obligación de informar al Estado y organismos a que se refiere el artículo 1 de esta Ley: a) Información relacionada con la defensa o la seguridad del Estado, que es la ley o decreto del Poder Ejecutivo, se calificarán como "salvados" por "Deja muy claro que se trata del diseño y la estructura del documento, las personas que proporcionan el documento, no la especie". Continuó el vocero de ADOCCO.

Las leyes que sustentan el Decreto 282-23, así como sus respectivos reglamentos, establecen excepciones al derecho fundamental a la información, las cuales, en su aplicación, formulan los ciudadanos y por lo tanto señalan claramente, en qué circunstancias, estas pueden ser limitadas, cuando afecta seguridad nacional., por lo que un decreto no puede extender la reserva a aspectos fundamentales como la transparencia en el manejo de los bienes del pueblo dominicano, sin derecho a conocer el costo de adquisición, las empresas rentables, la calidad de lo que se compra, los accionistas de la empresa y, sobre todo, la capacidad, la trayectoria de cumplimiento, así como la fluidez y la experiencia.

Reiteramos que las excepciones mencionadas en la Ley 340-06 y la Ley 200-04 se aplican únicamente a la información propia de los cuadernos, de ninguna manera pueden prevalecer sobre el derecho fundamental a la información contemplado en la Carta Magna.



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