{"id":70862,"date":"2026-09-20T07:27:39","date_gmt":"2026-09-20T07:27:39","guid":{"rendered":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/2026\/09\/20\/la-justicia-que-aun-no-llega-a-todos\/"},"modified":"2026-09-20T07:27:39","modified_gmt":"2026-09-20T07:27:39","slug":"la-justicia-que-aun-no-llega-a-todos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/2026\/09\/20\/la-justicia-que-aun-no-llega-a-todos\/","title":{"rendered":"La justicia que a\u00fan no llega a todos"},"content":{"rendered":"
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\n \n \"Dayanara\n <\/picture>\n <\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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La Rep\u00fablica Dominicana<\/b> resuelve el 94.9% de los casos<\/b> que entran a su sistema judicial, seg\u00fan el m\u00e1s reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Transformando la justicia: del progreso institucional al desarrollo humano sostenible.<\/p>\n

En papel, es un n\u00famero que impresiona. En la calle, en los barrios, en los tribunales de familia y en los expedientes de salud mental, la historia es otra: la de miles de personas que sienten que la justicia les llega tarde, o no les llega en absoluto. No es, del todo, un problema de eficiencia. Es un problema de grietas, esas que se abren donde el expediente se cierra, pero la vida de alguien sigue rota.<\/p>\n

Mujeres sin refugio<\/b><\/p>\n

El patr\u00f3n se repite con una precisi\u00f3n dolorosa: una oferta laboral que promete mejorar la vida, un viaje, y al llegar al destino, todo cambia. Es el modo en que operan las redes de trata de personas y tr\u00e1fico il\u00edcito de migrantes<\/b> en la regi\u00f3n, y sus principales v\u00edctimas son, en su mayor\u00eda, mujeres j\u00f3venes.<\/p>\n

As\u00ed cay\u00f3, en septiembre de 2025, una joven de Medell\u00edn que estudiaba en la capital antioque\u00f1a cuando recibi\u00f3 de una connacional una oferta que ella misma describi\u00f3, en declaraciones publicadas por El Colombiano y El Tiempo, como \u201ctentadora\u201d para viajar a trabajar en Santo Domingo.<\/p>\n

Al llegar, le impusieron una deuda de 3,500 d\u00f3lares<\/b> y le confiscaron los documentos. Fue rescatada gracias a que un familiar activ\u00f3, a trav\u00e9s de una aplicaci\u00f3n de Migraci\u00f3n Colombia, una alerta de ubicaci\u00f3n en tiempo real que permiti\u00f3 coordinar el operativo entre las autoridades colombianas y la PETT dominicana. Su mensaje a otras posibles v\u00edctimas, despu\u00e9s del rescate, fue breve: \u201cPrimero est\u00e1s t\u00fa, primero est\u00e1 tu vida y tu dignidad.\u201d<\/p>\n

Las cifras oficiales de la Procuradur\u00eda Especializada contra el Tr\u00e1fico Il\u00edcito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) muestran una instituci\u00f3n en movimiento: 401 v\u00edctimas rescatada<\/b>s entre 2023 y 2026, con 2025 como el a\u00f1o de mayor n\u00famero de rescates; 153 personas sometidas a la justicia en ese mismo per\u00edodo, 92 casos procesados y 26 sentencias condenatorias contra 58 implicados.<\/p>\n

La Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos a\u00f1ade un dato inquietante: el 98% de los casos de trata infantil<\/b> detectados involucran medios digitales, y las investigaciones abiertas pasaron de 99 en 2023 a 229 en 2024, m\u00e1s del doble en un solo a\u00f1o.<\/p>\n

El crecimiento en investigaciones es una se\u00f1al de que el sistema est\u00e1 mirando hacia donde antes no miraba. Pero entre 229 investigaciones y apenas 50 personas procesadas y 11 condenadas ese mismo a\u00f1o, la brecha sigue siendo ancha.<\/p>\n

\u201cComo fiscal y como mujer, mi labor se centra en la v\u00edctima, en activar los mecanismos necesarios para su rescate y protecci\u00f3n\u201d, ha se\u00f1alado la magistrada Ginna Mat\u00edas en entrevista con M\u00e1s All\u00e1 del Titular (CDN+), insistiendo en que ninguna mujer debe tener miedo de denunciar.<\/p>\n

Pero el rescate no cierra la historia, apenas la reabre. En muchos casos, la explotaci\u00f3n sexual est\u00e1 atada al consumo de sustancias, y ese c\u00edrculo es extremadamente dif\u00edcil de romper sin programas especializados de recuperaci\u00f3n f\u00edsica, emocional y de restablecimiento con el entorno.<\/p>\n

Sin becas, sin seguimiento integral, sin planes educativos, la vulnerabilidad extrema persiste, y con ella, el riesgo de que la misma mujer vuelva a ser captada<\/b>. La justicia que rescata, pero no acompa\u00f1a, deja la puerta abierta para que la historia se repita.<\/p>\n

Esa misma pregunta, \u00bfa qui\u00e9n acompa\u00f1a realmente el sistema? se extiende m\u00e1s all\u00e1 del g\u00e9nero, hacia una generaci\u00f3n entera que ha dejado de creerle a la justicia, incluso cuando esta funciona.<\/p>\n

Confianza rota<\/b><\/p>\n

Aqu\u00ed los n\u00fameros cuentan una historia de contraste. El sistema judicial dominicano resuelve el 94.9% de sus casos. <\/b>Y, sin embargo, seg\u00fan la Encuesta de la OCDE sobre los determinantes de la confianza en las instituciones p\u00fablicas de Am\u00e9rica Latina y el Caribe (2025), solo el 38.6% de los dominicanos conf\u00eda en el Poder Judicial, una cifra mejor que el promedio regional (35.5%), pero lejos del respaldo de la mitad de la ciudadan\u00eda.<\/p>\n

Esa desconfianza no es nueva: el Bar\u00f3metro de las Am\u00e9ricas registr\u00f3 que la confianza pas\u00f3 de 46.7% en 2004 a apenas 38.5% en mediciones m\u00e1s recientes.<\/p>\n

El propio informe del PNUD ofrece una pista de por qu\u00e9 la eficiencia no se traduce en confianza: esta depende de factores como la escucha de las partes, la claridad de las explicaciones y el trato recibido durante el proceso, no solo de la velocidad con la que se cierra un caso.<\/p>\n

Entre los propios j\u00f3venes dominicanos, una encuesta de juventud del IDEICE encontr\u00f3 que m\u00e1s del 85%<\/b> considera que sus pares no son idealistas ni est\u00e1n comprometidos con la justicia y la igualdad, mientras la confianza institucional en general es baja, con una notable excepci\u00f3n: el sistema educativo, en el que s\u00ed conf\u00edan.<\/p>\n

Para las generaciones Millennial y Z<\/b>, que crecieron exigiendo transparencia inmediata y trato humano en cada interacci\u00f3n institucional, un sistema que resuelve, pero no explica, que decide, pero no escucha, es un sistema que pierde legitimidad, aunque funcione en los n\u00fameros.<\/p>\n

Y esa desconfianza generacional encuentra, hoy, un terreno f\u00e9rtil: la propia OCDE se\u00f1ala que las redes sociales son ya la principal fuente de informaci\u00f3n pol\u00edtica en la regi\u00f3n, con brechas generacionales de uso menores de lo esperado, j\u00f3venes y adultos, por igual, ya no esperan al tribunal para emitir su veredicto.<\/p>\n

Juicio viral<\/b><\/p>\n

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Faride Raful e Ingrid Jorge P\u00e9rez<\/span><\/p>\n<\/figcaption><\/figure>\n

Cada vez con m\u00e1s frecuencia, un comentario, un video o una publicaci\u00f3n en redes sociales termina en un estrado judicial. La difamaci\u00f3n digital<\/b> se ha convertido en uno de los ciberdelitos m\u00e1s judicializados en la Rep\u00fablica Dominicana bajo los art\u00edculos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda, que sancionan la difamaci\u00f3n e injuria cometidas por medios electr\u00f3nicos con penas de tres meses a un a\u00f1o de prisi\u00f3n y multas de cinco a quinientas veces el salario m\u00ednimo.<\/p>\n

El Departamento de Investigaciones de Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda (DICAT) es, por disposici\u00f3n del art\u00edculo 54 de esa misma ley, la unidad encargada de rastrear el rastro digital detr\u00e1s de cada querella.<\/p>\n

El caso no es hipot\u00e9tico: en 2026, la ministra de Interior y Polic\u00eda, Faride Raful<\/b>, present\u00f3 una querella contra el comunicador \u00c1ngel Mart\u00ednez<\/b> y la influencer Ingrid Jorge P\u00e9rez<\/b>, sustentada en presunta difamaci\u00f3n, injuria y violaciones a la Ley 53-07, a ra\u00edz de publicaciones difundidas en redes sociales.<\/p>\n

Es apenas uno de una seguidilla de procesos recientes que han involucrado a comunicadores, periodistas e influenciadores (influencers mejor conocido en ingl\u00e9s) de alto perfil, y que han terminado en condenas, indemnizaciones millonarias y medidas restrictivas.<\/p>\n

El juez Rafael A. B\u00e1ez G<\/b>., de la Primera Sala de la C\u00e1mara Penal de la Corte de Apelaci\u00f3n del Distrito Nacional, lo describi\u00f3 en una columna propia publicada en mayo de 2026: los juicios paralelos son la cobertura medi\u00e1tica intensa, muchas veces sesgada, de procesos penales a\u00fan no sentenciados, donde medios y opini\u00f3n p\u00fablica emiten un veredicto de culpabilidad antes que el sistema judicial, erosionando la presunci\u00f3n de inocencia y generando lo que \u00e9l mismo llama \u201cjusticia medi\u00e1tica\u201d. <\/b><\/p>\n

B\u00e1ez advierte, adem\u00e1s, que en varios casos ya no se trata de juicios paralelos; m\u00e1s bien, de juicios previos: el veredicto p\u00fablico se arma antes de que el proceso judicial siquiera comience.<\/p>\n

Otros jueces han optado por una defensa m\u00e1s personal frente a esa presi\u00f3n. Francisco Jerez Mena<\/b>, presidente de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, explic\u00f3 ante el Consejo Nacional de la Magistratura en agosto de 2026 c\u00f3mo se protege mientras conoce un caso: \u201cYo no uso redes sociales, veo muy poca televisi\u00f3n, para no dejarme contaminar.\u201d<\/p>\n

La responsabilidad, entonces, no es solo institucional ni solo legal. Tambi\u00e9n es gremial, nuestra, la de quienes contamos las historias antes de que los tribunales terminen de escribirlas.<\/p>\n

Y si hay un terreno donde esa prisa por juzgar se vuelve m\u00e1s peligrosa, es cuando el acusado no es del todo due\u00f1o de su propia mente.<\/p>\n

Mente olvidada<\/b><\/p>\n

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Magistrada Ginna Matias<\/span><\/p>\n<\/figcaption><\/figure>\n

Solo el 1% del presupuesto nacional de salud<\/b> se destina a la atenci\u00f3n de la salud mental, mientras la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud advierte que, tras la pandemia y las crisis sociales recientes, uno de cada cuatro dominicanos presentar\u00e1 alg\u00fan trastorno mental a lo largo de su vida.<\/p>\n

La brecha se vuelve m\u00e1s cruda dentro del sistema penitenciario: la psiquiatra forense Nubia Lluberes<\/b> ha advertido que cerca del 80% de la poblaci\u00f3n privada de libertad en el pa\u00eds presenta alg\u00fan problema de salud mental, frente a un 20% estimado en la poblaci\u00f3n general, no porque estas personas cometan m\u00e1s delitos, sino porque muchas nunca recibieron tratamiento oportuno y terminaron siendo absorbidas por el sistema penal.<\/p>\n

El Dr. Luis Ortega lo ha explicado con crudeza en entrevista con M\u00e1s All\u00e1 del Titular (CDN+): \u201cLa falta de una resoluci\u00f3n r\u00e1pida en procesos judiciales relacionados con trastornos mentales revictimiza a la poblaci\u00f3n y genera un trauma a\u00f1adido.\u201d<\/p>\n

Casos como el de Jean Andr\u00e9s Pumarol<\/b>, donde un fallo de \u201cno ha lugar\u201d reabri\u00f3 el debate sobre la irresponsabilidad penal por causa ps\u00edquica, generan pol\u00e9mica y desesperanza colectiva precisamente porque el sistema no tiene un protocolo claro para estos escenarios.<\/p>\n

La consecuencia de esa ausencia de protocolo no es abstracta: en febrero de 2026, un hombre recuper\u00f3 su libertad tras casi 20 a\u00f1os en prisi\u00f3n preventiva<\/b>, despu\u00e9s de que en 2009 se solicitara un procedimiento especial por su condici\u00f3n de salud mental que nunca lleg\u00f3 a resolverse, dos d\u00e9cadas suspendidas entre un diagn\u00f3stico y una sentencia que nunca lleg\u00f3.<\/p>\n

La ra\u00edz del problema, seg\u00fan Ortega, est\u00e1 en el \u201cmomento cero\u201d: \u201cSi la cadena de custodia sobre el estado mental de una persona se rompe desde el primer contacto con la polic\u00eda, la fiscal\u00eda o el tribunal, se dificulta toda la labor judicial posterior, y se corre el riesgo de decisiones apresuradas o pol\u00e9micas.\u201d<\/p>\n

Su alternativa es clara: pacientes con perfiles psiqui\u00e1tricos complejos no deber\u00edan estar ni en c\u00e1rceles comunes ni en cl\u00ednicas privadas, sino en instituciones penitenciarias especializadas p\u00fablicas.<\/p>\n

Esa alternativa, de hecho, ya empez\u00f3 a tomar forma. En junio de 2026, la Direcci\u00f3n General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC)<\/b>, a cargo de Roberto Santana, y el Servicio Nacional de Salud (SNS), a trav\u00e9s de su directora de Salud Mental, Marisol Taveras, inauguraron la primera Unidad de Salud Mental Penitenciaria del pa\u00eds en el Centro de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n Najayo Mujeres, con un equipo multidisciplinario de psiquiatras y psic\u00f3logos capacitados junto al Colegio Dominicano de Psic\u00f3logos.<\/p>\n

D\u00edas antes, el presidente Luis Abinader<\/b> hab\u00eda juramentado el Comit\u00e9 Dominicano de Salud Mental Penitenciaria, anunciando tres centros especializados adicionales en Azua, La Vega y San Pedro de Macor\u00eds. Es una respuesta institucional real, aunque todav\u00eda incipiente frente a la magnitud del problema que describe Ortega, y frente a un dato que humaniza la urgencia: en los barrios, el doctor ha observado un alto consumo de cannabis en j\u00f3venes, incluyendo pacientes de apenas 8 o 9 a\u00f1os.<\/p>\n

Cuatro grietas, un mismo llamado<\/b><\/p>\n

La mujer que nadie acompa\u00f1a despu\u00e9s del rescate. La generaci\u00f3n que ya no cree, aunque los casos se resuelvan. La verdad que se pierde entre \u00a8likes\u00a8 <\/b>y comentarios antes de llegar al tribunal.<\/p>\n

La mente que el sistema apenas empieza a entender c\u00f3mo tratar. Cuatro historias distintas, una misma ra\u00edz: una justicia que se mide en expedientes cerrados, cuando deber\u00eda medirse en personas acompa\u00f1adas.<\/p>\n

Cerrar estas grietas no requiere reinventar el sistema desde cero, como muestran los nuevos centros de salud mental penitenciaria o el crecimiento en investigaciones contra la trata, ya hay movimiento. Requiere sostenerlo: protocolos que documenten el estado mental de una persona desde el primer instante, programas de reinserci\u00f3n que no terminen en el rescate, comunicadores y jueces que hablen el mismo idioma, y una generaci\u00f3n entera a la que se le debe, todav\u00eda, una raz\u00f3n para confiar.<\/p>\n

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\n \n \n \"Cervecer\u00eda\n <\/picture>\n <\/a>
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