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Analizando noticia\u2026 por favor espera.<\/span>\n <\/div>\n<\/p><\/div>\nEL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Direcci\u00f3n General de Contrataciones P\u00fablicas (DGCP) emiti\u00f3 esta semana el reglamento n\u00fam. DGCP SNCP-03-2026 que establece las disposiciones t\u00e9cnicas, operativas y procedimentales que regulan la organizaci\u00f3n, funcionamiento, mantenimiento, seguridad, interoperabilidad y prestaci\u00f3n de los servicios de la plataforma oficial para la gesti\u00f3n de los procedimientos de contrataci\u00f3n p\u00fablica en el pa\u00eds.<\/p>\n
Mediante un comunicado de prensa, el \u00f3rgano rector inform\u00f3 que el reglamento especial que entra en vigencia a partir del 1 de julio es de cumplimiento obligatorio para las instituciones contratantes sujetas a la Ley 47-25, los proveedores del Estado y dem\u00e1s actores que integran el Sistema Nacional de Contrataciones P\u00fablicas, de conformidad con las funciones y responsabilidades que les correspondan.<\/p>\n
La aplicaci\u00f3n de esta normativa constituye el mecanismo oficial para la supervisi\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n por parte de los \u00f3rganos competentes de control, as\u00ed como para garantizar el efectivo control social y la veedur\u00eda ciudadana sobre la gesti\u00f3n de las contrataciones p\u00fablicas.<\/p>\n
En su art\u00edculo 3, el documento destaca que por su naturaleza y car\u00e1cter estrat\u00e9gico el SECP constituye una infraestructura tecnol\u00f3gica, cuya disponibilidad, integridad y seguridad son de inter\u00e9s nacional, en raz\u00f3n del impacto cr\u00edtico que su funcionamiento tiene en la gesti\u00f3n del gasto p\u00fablico, la transparencia y la continuidad de los servicios del Estado.<\/p>\n
\u201cCualquier acto, incidente o vulneraci\u00f3n que comprometa la seguridad, integridad, disponibilidad o funcionamiento del SECP ser\u00e1 tratado e investigado, y dar\u00e1 lugar a la aplicaci\u00f3n de las medidas y sanciones previstas en las leyes y normas especiales que regulan la seguridad nacional, la ciberseguridad, la protecci\u00f3n de infraestructuras cr\u00edticas y dem\u00e1s disposiciones aplicables\u201d, se\u00f1ala la nota informativa.<\/p>\n
Dentro de sus principios, el Reglamento establece el de equivalencia funcional, que dispone que los documentos, firmas y comunicaciones electr\u00f3nicas realizadas a trav\u00e9s del SECP tendr\u00e1n la misma validez y eficacia jur\u00eddica que sus equivalentes en soporte f\u00edsico, siempre que se garanticen autenticidad, integridad, trazabilidad, conservaci\u00f3n, identificaci\u00f3n del emisor y dem\u00e1s requisitos exigidos por la normativa vigente.<\/p>\n
El art\u00edculo 21 establece que para que los procedimientos de contrataci\u00f3n p\u00fablica tengan validez, deber\u00e1n gestionarse a trav\u00e9s de esta plataforma, \u201cen caso contrario, podr\u00e1n dar lugar a las consecuencias jur\u00eddicas previstas en la Ley 47-25, incluyendo la nulidad cuando corresponda, salvo que concurra alguna de las situaciones excepcionales previstas en el 182 de la referida ley.<\/p>\n
Dicho p\u00e1rrafo establece que la no publicaci\u00f3n de una actuaci\u00f3n en el SECP podr\u00e1 ser causa de aplicaci\u00f3n de sanciones, a menos que la instituci\u00f3n contratante demuestre que dicho incumplimiento se produjo por una imposibilidad material justificada o fallas t\u00e9cnicas, o el proceso de contrataci\u00f3n est\u00e1 amparado en legislaciones de car\u00e1cter especializado, donde no aplica el sistema electr\u00f3nico de contrataciones indicado.<\/p>\n
Con este reglamento especial, ya son tres las normativas especiales aprobadas por la DGCP haciendo uso de la facultad reglamentaria conferida por la Ley 47-25 para reglamentar regular aspectos espec\u00edficos, sectoriales o procedimentales que, por su naturaleza, requieren un tratamiento particularizado para asegurar la eficacia, eficiencia, transparencia y coherencia en la gesti\u00f3n de los procesos de contrataci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n
Los otros reglamentos sometidos a consulta p\u00fablica y aprobados son el de Procedimiento Administrativo Sancionador y el del Registro de Proveedores del Estado (RPE).<\/p>\n
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