SANTO DOMINGO.<\/strong> \u2013 La diputada por la provincia Puerto Plata, doctora\u00a0 Lidia Esther P\u00e9rez de Taveras, deposit\u00f3 ante la C\u00e1mara de Diputados un proyecto de ley que modifica varios art\u00edculos del nuevo C\u00f3digo Penal con el prop\u00f3sito de fortalecer la libertad de expresi\u00f3n, la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la cr\u00edtica y la denuncia.<\/p>\nLa iniciativa legislativa busca reformar los art\u00edculos 121, 122, 123, 208, 209, 210, 309, 310 y 311 de la Ley n\u00fam. 74-25, al considerar que su redacci\u00f3n actual podr\u00eda abrir espacio para sanciones penales contra opiniones, cr\u00edticas pol\u00edticas, publicaciones period\u00edsticas o expresiones ciudadanas de inter\u00e9s p\u00fablico.<\/p>\n
La propuesta complementa un proyecto sometido el pasado 6 de mayo sobre Garant\u00edas de la Libertad de Expresi\u00f3n, Libertad de Prensa y Prohibici\u00f3n de la Censura Previa, con el que la legisladora inici\u00f3 una agenda orientada a reforzar las garant\u00edas democr\u00e1ticas en el pa\u00eds.<\/p>\n
Dos iniciativas para proteger derechos fundamentales<\/h2>\n
Seg\u00fan explic\u00f3 P\u00e9rez, ambas piezas legislativas persiguen un objetivo com\u00fan: garantizar que ning\u00fan dominicano sea perseguido penalmente por opinar, denunciar, fiscalizar, ejercer el periodismo o participar en debates sobre asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico.<\/p>\n
\u201cNing\u00fan dominicano debe ir preso por opinar. Quien difama con mentira deliberada debe responder ante la justicia; quien acosa de verdad debe ser sancionado con firmeza. Pero la cr\u00edtica, la denuncia y el periodismo no son delitos: son la democracia funcionando\u201d, afirm\u00f3 la congresista.<\/p>\n
La diputada sostuvo que las reformas no buscan eliminar sanciones contra conductas da\u00f1inas, sino precisar la legislaci\u00f3n para castigar los abusos reales sin afectar la libertad de expresi\u00f3n ni el ejercicio de la prensa.<\/p>\n
Fin de la c\u00e1rcel por difamaci\u00f3n e injuria<\/h2>\n
Entre los cambios m\u00e1s relevantes figura la modificaci\u00f3n de los art\u00edculos 208 y 210, mediante la cual se sustituir\u00edan las penas de prisi\u00f3n por multas y medidas de reparaci\u00f3n proporcional en los casos de difamaci\u00f3n e injuria.<\/p>\n
La propuesta incorpora adem\u00e1s el criterio de dolo, estableciendo que cuando una expresi\u00f3n se refiera a funcionarios p\u00fablicos, candidatos o asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico, solo habr\u00e1 responsabilidad si se demuestra que la informaci\u00f3n fue difundida sabiendo que era falsa o con evidente desprecio por la verdad.<\/p>\n
Asimismo, plantea eliminar del \u00e1mbito penal las expresiones cr\u00edticas dirigidas a funcionarios p\u00fablicos, sustituyendo los actuales tipos de ultraje por sanciones enfocadas exclusivamente en amenazas graves, reales y verificables.<\/p>\n
Precisan delitos de acoso y ciberbullying<\/h2>\n
La iniciativa tambi\u00e9n modifica los art\u00edculos 121, 122 y 123 para exigir que los delitos de acoso, hostigamiento y ciberbullying impliquen conductas reiteradas, graves e injustificadas, capaces de provocar un da\u00f1o real y comprobable.<\/p>\n
El proyecto excluye expresamente de estas figuras las opiniones, s\u00e1tiras, cr\u00edticas y denuncias relacionadas con asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico, al tiempo que mantiene penas severas para quienes afecten a menores de edad o divulguen contenido \u00edntimo sin consentimiento.<\/p>\n
Igualmente, se conservan sanciones m\u00e1s rigurosas cuando las conductas de acoso provoquen consecuencias graves o desenlaces fatales previsibles.<\/p>\n
Mantienen castigos para amenazas y chantajes<\/h2>\n
La legisladora aclar\u00f3 que las reformas no implican impunidad frente a delitos reales. Por el contrario, las modificaciones mantienen sanciones estrictas para la difamaci\u00f3n extorsiva, el chantaje digital, las amenazas con armas o violencia y las acciones vinculadas al crimen organizado.<\/p>\n
P\u00e9rez se\u00f1al\u00f3 que el prop\u00f3sito es diferenciar claramente entre conductas criminales y el ejercicio leg\u00edtimo de derechos fundamentales, evitando interpretaciones que puedan derivar en persecuci\u00f3n penal de periodistas, activistas o ciudadanos.<\/p>\n
\u201cPrefiero que el Congreso precise nueve art\u00edculos hoy, a que el Tribunal Constitucional los anule ma\u00f1ana y dejemos a las v\u00edctimas sin protecci\u00f3n y a los ciudadanos sin certeza jur\u00eddica\u201d, expres\u00f3.<\/p>\n
Apoyo a est\u00e1ndares internacionales<\/h2>\n
La diputada record\u00f3 que organismos internacionales como la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relator\u00eda Especial para la Libertad de Expresi\u00f3n de la OEA han recomendado que los delitos relacionados con la expresi\u00f3n no sean castigados con prisi\u00f3n.<\/p>\n
Asimismo, destac\u00f3 que el Ministerio P\u00fablico dominicano estableci\u00f3 en 2023 el criterio de que no toda expresi\u00f3n ofensiva en redes sociales debe ser objeto de persecuci\u00f3n penal.<\/p>\n
Junto al proyecto, la legisladora deposit\u00f3 una matriz comparativa con la redacci\u00f3n vigente de los art\u00edculos cuestionados, las modificaciones propuestas y su respectiva fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica, documento que ser\u00e1 compartido con legisladores, juristas, universidades, gremios period\u00edsticos y organizaciones de la sociedad civil.<\/p>\n
\u201cDefender a las v\u00edctimas no puede significar silenciar ciudadanos. El pa\u00eds necesita reglas claras: c\u00e1rcel para quien amenaza, chantajea o acosa de verdad; garant\u00edas para quien opina, denuncia, fiscaliza o informa\u201d, concluy\u00f3 P\u00e9rez.<\/p>\n
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