{"id":43550,"date":"2026-05-25T11:50:11","date_gmt":"2026-05-25T11:50:11","guid":{"rendered":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/2026\/05\/25\/el-desamparo-institucional-del-jubilado-dominicano\/"},"modified":"2026-05-25T11:50:11","modified_gmt":"2026-05-25T11:50:11","slug":"el-desamparo-institucional-del-jubilado-dominicano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/2026\/05\/25\/el-desamparo-institucional-del-jubilado-dominicano\/","title":{"rendered":"El desamparo institucional del jubilado dominicano"},"content":{"rendered":"
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La Direcci\u00f3n General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP)<\/b> calcula pensiones con salarios ficticios, niega la indexaci\u00f3n, retira el seguro m\u00e9dico y desconoce el costo real de la vida, condenando a miles de servidores p\u00fablicos a una vejez indigna.<\/p>\n

La Ley 379-81 establece que las pensiones deben calcularse en proporci\u00f3n al salario realmente devengado por el servidor al momento de su retiro. Su prop\u00f3sito es garantizar una sustituci\u00f3n razonable de ingresos. A su vez, la Ley 87-01 consagra los principios de proporcionalidad y suficiencia, ordenando que toda pensi\u00f3n debe permitir al beneficiario \u201cmantener un nivel de vida digno\u201d. Ambas leyes coinciden en un punto esencial: la pensi\u00f3n debe reflejar la realidad salarial del trabajador.<\/p>\n

Sin embargo, las pensiones actuales generan m\u00e1s incertidumbre que protecci\u00f3n. Hoy:<\/p>\n

La jubilaci\u00f3n no garantiza derechos: los recorta.<\/p>\n

El sistema no protege: expulsa.<\/p>\n

La vejez no es un derecho social: es una carga individual.<\/p>\n

Sin duda, la seguridad social dominicana, tal como est\u00e1 estructurada hoy, no cumple su promesa constitucional de protecci\u00f3n integral. Su dise\u00f1o y objetivo general se alejan de los principios de universalidad, suficiencia y dignidad establecidos en la Ley 87-01 y en la propia Constituci\u00f3n. En lugar de garantizar derechos, reproduce desigualdades, excluye a los m\u00e1s vulnerables y deja sin protecci\u00f3n efectiva a quienes deber\u00edan recibir mayor amparo del Estado.<\/p>\n

En t\u00e9rminos simples, el sistema de pensiones vigente est\u00e1 dise\u00f1ado para reducir costos a expensas de quienes menos tienen. Penaliza la informalidad sin ofrecer v\u00edas reales de inclusi\u00f3n, privilegia la rentabilidad privada \u2014AFP, ARS y PSS\u2014 por encima de la protecci\u00f3n social, y sostiene m\u00e9todos de c\u00e1lculo que empobrecen deliberadamente al jubilado. Bajo estas condiciones, no es exagerado afirmar que la seguridad social funciona como el negocio privado m\u00e1s rentable del pa\u00eds, aun cuando su raz\u00f3n de ser deber\u00eda ser exactamente la contraria: garantizar derechos, no generar utilidades.<\/p>\n

La metodolog\u00eda de la DGJP: una violaci\u00f3n abierta<\/b><\/p>\n

El c\u00e1lculo de las pensiones del sector p\u00fablico \u2014basado en un salario m\u00ednimo congelado desde 2019\u2014 evidencia un dise\u00f1o que reduce deliberadamente los montos a recibir. No es un error t\u00e9cnico: es una injusticia estructural.<\/p>\n

La metodolog\u00eda empleada por la DGJP contradice de manera frontal, sistem\u00e1tica y abusiva lo que establecen las leyes que rigen el r\u00e9gimen de retiro. Si la Ley 379-81 se aplicara correctamente \u2014tomando como base el salario real devengado o, en su defecto, el salario m\u00ednimo nacional vigente (RD$23,223)\u2014 los jubilados recibir\u00edan pensiones sustancialmente superiores a las que hoy se les reconocen.<\/p>\n

La diferencia no es menor: es el resultado de una pr\u00e1ctica administrativa que reduce artificialmente la base de c\u00e1lculo, disminuye el monto final de la pensi\u00f3n y profundiza la precariedad econ\u00f3mica de quienes ya se encuentran en una etapa de especial vulnerabilidad. En lugar de garantizar derechos, el Estado reproduce un esquema que abarata el costo fiscal a costa del bienestar del jubilado, en abierta violaci\u00f3n del esp\u00edritu y la letra de la ley.<\/p>\n

En t\u00e9rminos pr\u00e1cticos, un servidor p\u00fablico que deber\u00eda recibir una pensi\u00f3n calculada sobre RD$23,223 termina recibiendo una basada en RD$10,000. Esta distorsi\u00f3n representa una p\u00e9rdida estructural superior al 56 %, una merma que nunca se corrige y que acompa\u00f1a al jubilado durante toda su vejez. No se trata de un simple error administrativo: es un mecanismo que sacrifica la dignidad del pensionado para reducir el gasto p\u00fablico.<\/p>\n

La pregunta es inevitable: \u00bfcu\u00e1ndo se aplicar\u00e1 en la Rep\u00fablica Dominicana, sin exclusiones ni excepciones, la indexaci\u00f3n salarial por inflaci\u00f3n a las pensiones del sector p\u00fablico? Mientras esta correcci\u00f3n no se implemente, el Estado continuar\u00e1 reproduciendo un modelo que condena a sus propios servidores a un empobrecimiento progresivo, contrario al mandato constitucional de garantizar un retiro digno.<\/p>\n

El costo de la vida sube; las pensiones no<\/b><\/p>\n

Mientras el costo de la vida contin\u00faa en ascenso \u2014con canastas b\u00e1sicas que superan los RD$45,000 en zonas urbanas\u2014 la mayor\u00eda de los pensionados p\u00fablicos recibe montos que no cubren ni la mitad de sus necesidades esenciales.<\/p>\n

La brecha entre ingresos y gastos no es accidental. Es el resultado de una pol\u00edtica de c\u00e1lculo que desconoce la realidad econ\u00f3mica del pa\u00eds y contradice la obligaci\u00f3n constitucional del Estado de proteger a sus ciudadanos en la etapa de mayor vulnerabilidad. Esa brecha se ampl\u00eda cada a\u00f1o, porque las pensiones permanecen congeladas mientras los precios de alimentos, medicamentos, transporte y servicios contin\u00faan aumentando sin pausa.<\/p>\n

No indexar las pensiones equivale a condenar al jubilado a un empobrecimiento progresivo. Mientras los trabajadores activos reciben aumentos para compensar la inflaci\u00f3n, quienes ya cumplieron su ciclo laboral quedan atrapados en ingresos congelados que pierden valor a\u00f1o tras a\u00f1o. Esta pr\u00e1ctica, adem\u00e1s de inhumana, constituye una forma de discriminaci\u00f3n econ\u00f3mica.<\/p>\n

En RD los adultos mayores siguen trabajando por necesidad<\/b><\/p>\n

M\u00e1s de un tercio de los adultos mayores dominicanos \u2014un 36 %\u2014 contin\u00faa trabajando despu\u00e9s de alcanzar la edad legal de retiro. No lo hacen por elecci\u00f3n, sino por necesidad econ\u00f3mica. Esta cifra, una de las m\u00e1s altas de Am\u00e9rica Latina, desmonta la narrativa de que el sistema de pensiones garantiza protecci\u00f3n en la vejez.<\/p>\n

Si la jubilaci\u00f3n fuera realmente una etapa de descanso, los mayores no tendr\u00edan que reincorporarse al mercado laboral, muchas veces en condiciones informales y precarias, para costear medicamentos, alimentaci\u00f3n o simplemente sobrevivir.<\/p>\n

Seg\u00fan la CEPAL, la tasa de participaci\u00f3n econ\u00f3mica de personas de 60 a\u00f1os o m\u00e1s en RD es de 36 %, superada solo por Honduras (48.2 %) y M\u00e9xico (41 %). Esto significa que m\u00e1s de uno de cada tres adultos mayores sigue trabajando pese a haber cumplido los requisitos legales de retiro.<\/p>\n

La vejez sin protecci\u00f3n<\/b><\/p>\n

La vejez es precisamente la etapa en la que m\u00e1s se necesita atenci\u00f3n m\u00e9dica. Sin embargo, el Estado despoja al jubilado de su principal mecanismo de protecci\u00f3n, empuj\u00e1ndolo a endeudarse, a depender de familiares o a renunciar a tratamientos indispensables.<\/p>\n

A esta precariedad se suma una pr\u00e1ctica particularmente injusta: la exclusi\u00f3n del seguro m\u00e9dico al momento de la jubilaci\u00f3n. Retirar la cobertura de salud a un servidor p\u00fablico que ha cotizado durante d\u00e9cadas es moralmente inaceptable y contrario al esp\u00edritu de la Ley 87-01, que define la seguridad social como un derecho universal y continuo.<\/p>\n

El Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) opera bajo una l\u00f3gica rentista. En la pr\u00e1ctica, la seguridad social qued\u00f3 en manos del sector privado, y las consecuencias son evidentes: un segmento significativo de los jubilados pierde el acceso a servicios de salud en el momento en que m\u00e1s los necesita. Las ARS excluyen a personas mayores de 65 a\u00f1os o con enfermedades cr\u00f3nicas, precisamente los grupos con mayor riesgo.<\/p>\n

As\u00ed, la vejez \u2014que deber\u00eda ser una etapa de cuidado, estabilidad, descanso y protecci\u00f3n\u2014 termina convirti\u00e9ndose en un per\u00edodo marcado por gastos m\u00e9dicos impagables y una vulnerabilidad creciente. Como resume el refr\u00e1n popular, en la Rep\u00fablica Dominicana \u201chay que morirse trabajando\u201d.<\/p>\n

Reg\u00edmenes privilegiados vs. pensiones<\/a> civiles: desigualdad dentro del Estado<\/b><\/p>\n

La desigualdad se vuelve a\u00fan m\u00e1s escandalosa y evidente cuando se observa que numerosas agencias gubernamentales \u2014como el Banco Central, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros, Superintendencia de Electricidad, Junta Central Electoral (JCE), Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII), Direcci\u00f3n General de Aduanas (DGA), Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Ministerio P\u00fablico, C\u00e1mara de Cuentas, Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), Polic\u00eda Nacional, Fuerzas Armadas, Universidad Aut\u00f3noma de Santo Domingo (UASD), operan sistemas de pensiones propios, con fondos aut\u00f3nomos y beneficios muy superiores al promedio nacional. A esta lista se suman los diputados y senadores, quienes disfrutan de reg\u00edmenes especiales que garantizan retiros privilegiados, muy distantes de la realidad que enfrenta el resto del funcionariado p\u00fablico.<\/p>\n

Como se aprecia, el Estado dominicano mantiene m\u00e1s de treinta instituciones con reg\u00edmenes propios de pensiones, muchas de ellas con beneficios muy superiores al sistema general administrado por la DGJP, lo que evidencia una profunda asimetr\u00eda en la protecci\u00f3n social. Esta fragmentaci\u00f3n confirma que no existe un est\u00e1ndar \u00fanico de justicia previsional y que los servidores civiles sujetos al r\u00e9gimen com\u00fan son, en la pr\u00e1ctica, los m\u00e1s perjudicados. Mientras ciertos sectores disfrutan de pensiones privilegiadas, amplios grupos de trabajadores p\u00fablicos reciben montos insuficientes que no garantizan una vejez digna. As\u00ed, el propio Estado reproduce y legitima desigualdades internas, institucionalizando un modelo previsional que protege mejor a unos ciudadanos que a otros, en abierta contradicci\u00f3n con los principios de universalidad y equidad que deber\u00edan regir la seguridad social.<\/p>\n

A juzgar por los hechos, parecer\u00eda que dentro del mismo Estado coexisten ciudadanos de primera y de segunda categor\u00eda. La dignidad del retiro depende no del servicio prestado al pa\u00eds, sino del poder pol\u00edtico o institucional del cargo ocupado. Esta carpinteria desigual no es un accidente: es la expresi\u00f3n m\u00e1s clara de un Estado que protege a unos pocos y abandona a la mayor\u00eda.<\/p>\n

RD y los est\u00e1ndares internacionales<\/b><\/p>\n

La Rep\u00fablica Dominicana est\u00e1 muy lejos de cumplir los est\u00e1ndares internacionales de protecci\u00f3n a la vejez. Organismos como la ONU, la OIT y la CEPAL establecen cuatro pilares m\u00ednimos:<\/p>\n

Pensiones suficientes para cubrir necesidades b\u00e1sicas.<\/p>\n

Acceso universal a la salud, sin discriminaci\u00f3n por edad o condici\u00f3n m\u00e9dica.<\/p>\n

Protecci\u00f3n social continua, incluso para quienes trabajaron en la informalidad.<\/p>\n

Integraci\u00f3n social y laboral voluntaria, nunca forzada por necesidad econ\u00f3mica.<\/p>\n

Es penoso y lamentable que la realidad dominicana contradiga estos principios en todos los frentes. Lo que deber\u00eda ser un sistema de protecci\u00f3n y dignidad para la vejez se ha convertido en un entramado que reproduce desigualdades, vulnera derechos y deja desamparados a quienes m\u00e1s necesitan amparo estatal.<\/p>\n

Reformar la Ley 87-01: una deuda moral, legal y pol\u00edtica<\/p>\n

La reforma del sistema de pensiones no es solo urgente: es inaplazable. Las instituciones responsables \u2014CNSS, DIDA, SIPEN, DGJP, SISALRIL, ADAFP, ADARS y la Comisi\u00f3n Bicameral\u2014 tienen la obligaci\u00f3n moral y legal de garantizar que la jubilaci\u00f3n sea una etapa de dignidad, no una condena a la precariedad.<\/p>\n

Un Estado que permite que sus jubilados sobrevivan con pensiones ficticias, sin indexaci\u00f3n, sin seguro m\u00e9dico y sin protecci\u00f3n real, renuncia a su deber m\u00e1s elemental: garantizar dignidad a quienes ya entregaron su vida laboral al servicio p\u00fablico.<\/p>\n

Mientras las autoridades sigan mirando hacia otro lado, la jubilaci\u00f3n seguir\u00e1 siendo, para miles de dominicanos, no el cierre digno de una vida de trabajo, sino el inicio de una lucha diaria por sobrevivir en un sistema que decidi\u00f3 darles la espalda.<\/p>\n

Con respecto a la reforma integral y sostenible de la Ley 87-01, es apremiante respaldar en todos los escenarios posibles el documento que recoge los cinco reclamos dirigidos al Poder Ejecutivo, firmado por los dirigentes de las organizaciones sociales, sindicales, gremiales, comunitarias y ciudadanas que marcharon el pasado primero de mayo. Este consenso multisectorial no es un simple pronunciamiento: es la expresi\u00f3n m\u00e1s clara de un pa\u00eds que exige ser escuchado y que rechaza cualquier intento de reforma que perpet\u00fae las distorsiones actuales.<\/p>\n

El primer reclamo es contundente: rechazar toda reforma construida de espaldas al pueblo, sin di\u00e1logo democr\u00e1tico ni participaci\u00f3n vinculante de la sociedad civil. Asimismo, rechazar cualquier proyecto de ley que pretenda aumentar las cotizaciones, elevar la edad de retiro o profundizar la privatizaci\u00f3n de los fondos de pensiones y de los recursos destinados a la atenci\u00f3n en salud.<\/p>\n

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