{"id":13318,"date":"2026-01-06T19:17:53","date_gmt":"2026-01-06T19:17:53","guid":{"rendered":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/2026\/01\/06\/finjus-evalua-progresos-y-obstaculos-en-la-institucionalidad-y-sistema-de-justicia-el-nuevo-diario-republica-dominicana\/"},"modified":"2026-01-06T19:17:53","modified_gmt":"2026-01-06T19:17:53","slug":"finjus-evalua-progresos-y-obstaculos-en-la-institucionalidad-y-sistema-de-justicia-el-nuevo-diario-republica-dominicana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/2026\/01\/06\/finjus-evalua-progresos-y-obstaculos-en-la-institucionalidad-y-sistema-de-justicia-el-nuevo-diario-republica-dominicana\/","title":{"rendered":"Finjus eval\u00faa progresos y obst\u00e1culos en la institucionalidad y sistema de justicia \u2013 El Nuevo Diario (Rep\u00fablica Dominicana)"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Fundaci\u00f3n Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus) evalu\u00f3 este martes los progresos y obst\u00e1culos en la institucionalidad y el sistema de justicia, identificando oportunidades de mejora que se vislumbran en el horizonte de cara al 2026.<\/p>\n<p>De acuerdo al documento, a lo largo de 2025, la sociedad dominicana presenci\u00f3 una intensa actividad en los \u00e1mbitos legislativo y judicial, manifestada en iniciativas y fallos de gran relevancia institucional. \u00abDe cara al 2026, se precisa intensificar el trabajo legislativo, enfoc\u00e1ndonos en el estudio y la aprobaci\u00f3n de reformas que respondan de forma eficaz al dinamismo de la sociedad actual\u00bb.<\/p>\n<p>Para la entidad, en este a\u00f1o el reto es superar la fragmentaci\u00f3n institucional y avanzar hacia la coordinaci\u00f3n interinstitucional eficaz, con di\u00e1logo estructurado entre el Estado y la sociedad.<\/p>\n<p>\u00abEn ese sentido, la gobernanza democr\u00e1tica en 2026 debe profundizar participaci\u00f3n ciudadana, fortalecer controles administrativos y promover cultura de legalidad para reforzar la confianza p\u00fablica. Mantener el impulso reformador como eje central ser\u00e1 determinante para instituciones transparentes, eficientes y alineadas con los derechos fundamentales y el inter\u00e9s general\u00bb, finaliz\u00f3 diciendo.<\/p>\n<p><strong>Texto \u00edntegro<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>An\u00e1lisis sobre la institucionalidad y la justicia en 202 y desaf\u00edos para 2026<\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>Finjus reafirma su compromiso inquebrantable con el fortalecimiento del orden democr\u00e1tico y su mejora continua. Por ello, prestamos gran atenci\u00f3n a los actos de los \u00f3rganos p\u00fablicos y realizamos un an\u00e1lisis sistem\u00e1tico y objetivo de su impacto y significado en el marco de nuestro ordenamiento jur\u00eddico y en la sociedad, desde una visi\u00f3n constructiva y propositiva. En este documento, ofrecemos un balance del pasado 2025 y una proyecci\u00f3n de los retos del 2026, para fomentar la reflexi\u00f3n social sobre la importancia y el alcance de la institucionalidad en el pa\u00eds.<\/em><\/p>\n<p><em>A lo largo de 2025, la sociedad dominicana presenci\u00f3 una intensa actividad en los \u00e1mbitos legislativo y judicial, manifestada en iniciativas y fallos de gran relevancia institucional. De cara al 2026, se precisa intensificar el trabajo legislativo, enfoc\u00e1ndonos en el estudio y la aprobaci\u00f3n de reformas que respondan de forma eficaz al dinamismo de la sociedad actual. Al inicio del 2026, es crucial evaluar los progresos y obst\u00e1culos en la institucionalidad y el sistema de justicia, identificando oportunidades de mejora que se vislumbran en el horizonte.<\/em><\/p>\n<p><em><strong>1.El sistema de justicia y la institucionalidad democr\u00e1tica<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>La solidez del sistema democr\u00e1tico radica principalmente en la capacidad del Estado para asegurar instituciones robustas, confiables y sujetas a controles eficaces. La presencia de marcos normativos transparentes y mecanismos de supervisi\u00f3n sobre las entidades p\u00fablicas refuerza la legitimidad institucional y la confianza de los ciudadanos en el Estado.<\/em><\/p>\n<p><em>En sociedades como la nuestra, caracterizada por cambios sociales y crecientes demandas ciudadanas, se requiere avanzar hacia una mayor independencia judicial, una gesti\u00f3n m\u00e1s eficiente de los procesos, transparencia en el manejo de recursos p\u00fablicos y la profesionalizaci\u00f3n de los \u00f3rganos encargados de la seguridad ciudadana.<\/em><\/p>\n<p><em>Un aspecto clave durante 2025 fue la lucha contra la impunidad. Apreciamos las acciones dirigidas a combatir la corrupci\u00f3n y a robustecer los mecanismos de rendici\u00f3n de cuentas, como el establecimiento de la Comisi\u00f3n Presidencial de Transparencia y Anticorrupci\u00f3n, la implementaci\u00f3n de reformas legales para endurecer las penas por delitos de corrupci\u00f3n y lavado de activos, la recuperaci\u00f3n de fondos p\u00fablicos desviados y la separaci\u00f3n de funcionarios implicados en irregularidades.<\/em><\/p>\n<p><em>En 2025, el pa\u00eds fue escenario de debates sobre los desaf\u00edos derivados de la Ley n\u00fam. 74-25, que establece el nuevo C\u00f3digo Penal dominicano. La actualizaci\u00f3n de esta legislaci\u00f3n penal era inevitable, ya que debe reflejar los cambios sociales, las nuevas modalidades delictivas y proporcionar l\u00edneas coherentes para la formulaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de una pol\u00edtica criminal actualizada.<\/em><\/p>\n<p><em>En este marco, el Estado tiene la obligaci\u00f3n de dise\u00f1ar pol\u00edticas que permitan un control efectivo de la criminalidad, asegurando al mismo tiempo el respeto al orden p\u00fablico, el bienestar colectivo y los derechos individuales. La aplicaci\u00f3n de la ley penal enfrenta complejidades cuando no hay un modelo unificado que integre los cambios sociales con la pr\u00e1ctica judicial, reforzando la necesidad de avanzar hacia normativas m\u00e1s claras y uniformes.<\/em><\/p>\n<p><em>Respecto a la percepci\u00f3n ciudadana de la corrupci\u00f3n, el \u00cdndice de Percepci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n de Transparencia Internacional, divulgado a principios de 2025, mostr\u00f3 un progreso en la Rep\u00fablica Dominicana. Sin embargo, estos avances positivos coexisten con retos estructurales que a\u00fan obstaculizan la consolidaci\u00f3n de una cultura de integridad en la administraci\u00f3n p\u00fablica.Un an\u00e1lisis m\u00e1s detallado de las instituciones del sistema de justicia nos muestra avances importantes y retos m\u00e1s concretos en 2026.<\/em><\/p>\n<p><em><strong>1.1.Avances en el sistema de Defensa P\u00fablica<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>En 2025, la Oficina Nacional de Defensa P\u00fablica (ONDP) sigui\u00f3 consolidando su rol en la garant\u00eda del derecho fundamental a la defensa para personas con recursos econ\u00f3micos limitados, cumpliendo con su mandato constitucional y legal. Durante este periodo, la instituci\u00f3n mantuvo una plantilla de 640 colaboradores, lo que facilit\u00f3 la expansi\u00f3n y sostenibilidad del servicio de defensa p\u00fablica en todo el territorio nacional.<\/em><\/p>\n<p><em>En el contexto del Plan Estrat\u00e9gico Institucional 2021-2025 y siguiendo las orientaciones del Consejo Nacional de Defensa P\u00fablica (CNDP), se enfocaron esfuerzos en optimizar la eficiencia operativa, reforzar la transparencia administrativa y asegurar la calidad del servicio prestado a la ciudadan\u00eda, contribuyendo as\u00ed a un sistema de justicia m\u00e1s inclusivo y equitativo.<\/em><\/p>\n<p><em>En t\u00e9rminos de control interno, la Contralor\u00eda Institucional cumpli\u00f3 el 95% del Plan Anual de Auditor\u00eda y examin\u00f3 m\u00e1s de 1,700 expedientes financieros, garantizando el uso adecuado de los recursos p\u00fablicos y fortaleciendo los sistemas de rendici\u00f3n de cuentas<\/em><\/p>\n<p><em><strong>1.2.Ministerio P\u00fablico<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>El rendimiento del sistema de justicia en 2026 sigue ligado estrechamente a la capacidad del Estado para potenciar sus instituciones dedicadas a la persecuci\u00f3n penal y la defensa del inter\u00e9s p\u00fablico. En este sentido, el Ministerio P\u00fablico permanece como un actor clave para la salvaguarda efectiva de los derechos fundamentales, la erradicaci\u00f3n de la corrupci\u00f3n y la disminuci\u00f3n de la impunidad, metas que han sido priorizadas repetidamente por el Estado.<\/em><\/p>\n<p><em>En 2025 el Ministerio P\u00fablico continu\u00f3 con el proceso de adecuaci\u00f3n de su planificaci\u00f3n, siendo su logro m\u00e1s destacado la elaboraci\u00f3n del Plan Estrat\u00e9gico 2025-2029, con la participaci\u00f3n de todas las \u00e1reas institucionales, y el involucramiento de la Defensor\u00eda P\u00fablica y el Poder Judicial, para fortalecer la interoperabilidad del sistema. En el nuevo Plan Estrat\u00e9gico se prioriza el enfoque de una justicia de proximidad, predictiva y basada en evidencia.<\/em><\/p>\n<p><em>Esta labor de fortalecimiento institucional, mediante procesos de reingenier\u00eda, conllev\u00f3 a la creaci\u00f3n de unidades especializadas, como la Procuradur\u00eda Especializada Antidrogas, Unidad de Extinci\u00f3n de Dominio, Unidad de Captura de Pr\u00f3fugos, Unidad de B\u00fasqueda de Desaparecidos, Direcci\u00f3n de Gesti\u00f3n de Procesos, Unidad contra el Maltrato Animal, Unidad de Investigaci\u00f3n contra el Tr\u00e1fico de Personas y el Sistema de Atenci\u00f3n al Ciudadano. En el \u00e1mbito de la profesionalizaci\u00f3n de los fiscales a nivel nacional, se ascendieron 164 fiscales por concurso (de 525 postulantes), con 114 efectivos inmediatamente, y varios programas de actualizaci\u00f3n que han elevado la capacidad de los fiscales para su acci\u00f3n permanente.<\/em><\/p>\n<p><em>Al iniciar 2026, entramos a una fase crucial en la consolidaci\u00f3n de una pol\u00edtica de persecuci\u00f3n penal m\u00e1s coherente, sostenible y medible. M\u00e1s all\u00e1 de medidas puntuales, el desaf\u00edo reside en acordar un marco de acci\u00f3n integral que integre componentes normativos, presupuestarios y organizacionales para satisfacer las demandas actuales del sistema de justicia.<\/em><\/p>\n<p><em>Desde una perspectiva institucional, en 2025 se ha observado un aumento en la percepci\u00f3n social sobre el trabajo del Ministerio P\u00fablico, evidenciado por el volumen y la complejidad de las acusaciones presentadas en tribunales, especialmente en casos de corrupci\u00f3n administrativa y malversaci\u00f3n de fondos p\u00fablicos.<\/em><\/p>\n<p><em>Persisten desaf\u00edos estructurales que demandan atenci\u00f3n inmediata en 2026, como la alta carga laboral ligada a la mora judicial, la representaci\u00f3n en m\u00faltiples jurisdicciones, dificultades presupuestarias y mejoras en fiscal\u00edas y \u00e1reas especializadas, lo que hace imprescindible progresar hacia un modelo de gesti\u00f3n que combine condiciones salariales equitativas con mecanismos objetivos y transparentes de evaluaci\u00f3n del desempe\u00f1o. La aplicaci\u00f3n efectiva de los principios de la Ley Org\u00e1nica del Ministerio P\u00fablico requiere reforzar los sistemas de evaluaci\u00f3n para cambios de funciones y ascensos, en base a m\u00e9ritos, capacitaci\u00f3n y experiencia.<\/em><\/p>\n<p><em><strong>1.3.Poder Judicial<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>El Poder Judicial ha registrado avances significativos en su gesti\u00f3n institucional y en la mitigaci\u00f3n de los desaf\u00edos hist\u00f3ricos arrastrados desde el pasado. Este logro se inscribe en la ejecuci\u00f3n del Plan contra la Mora Judicial, dise\u00f1ado para enfrentar m\u00e1s de 18,000 casos acumulados desde 2019 y para construir capacidades institucionales que prevengan nueva acumulaci\u00f3n. Especial menci\u00f3n a la labor de la Suprema Corte de Justicia que resolvi\u00f3 58,379 recursos de casaci\u00f3n.<\/em><\/p>\n<p><em>Se conoce que, en diciembre de 2025, el 80% de los tribunales nacionales superaron la mora judicial, comparado con el 30% al inicio de 2024. Estos progresos reflejan mejoras sustanciales en la capacidad de respuesta del sistema. Sin embargo, tambi\u00e9n destacan la necesidad de consolidar estos avances para evitar regresiones y asegurar su perdurabilidad.<\/em><\/p>\n<p><em>Desde el \u00e1ngulo de la modernizaci\u00f3n institucional, en 2025 se implement\u00f3 la Ley N\u00fam. 339-22, que regula el uso de medios digitales en procesos judiciales y administrativos, junto con la aprobaci\u00f3n del Reglamento para el Uso de Documentos y Firmas Digitales en la Funci\u00f3n Notarial, siendo un avance en la transformaci\u00f3n digital de la justicia. Un reto importante es asegurar la interoperabilidad tecnol\u00f3gica, la seguridad de los datos y la capacitaci\u00f3n.<\/em><\/p>\n<p><em>En el aspecto de la infraestructura marca un hito la inauguraci\u00f3n de la Ciudad Judicial de Santo Domingo, que integra los servicios del Poder Judicial, la Defensa P\u00fablica y el Ministerio P\u00fablico, beneficiando a m\u00e1s de 2.9 millones de personas, mejorando el acceso a la justicia y optimizando los servicios. Esto abre el reto de replicar este modelo en otras jurisdicciones con alta demanda para reducir disparidades territoriales.<\/em><\/p>\n<p><em>Valoramos el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial para fortalecer la transparencia, rendici\u00f3n de cuentas y gesti\u00f3n basada en datos, para generar mayor confianza ciudadana, de la mano de la calidad, frecuencia y accesibilidad de la informaci\u00f3n generada, as\u00ed como a su uso en la toma de decisiones.<\/em><\/p>\n<p><em>Lo anterior debe combinarse con los desaf\u00edos estructurales prioritarios, como la respuesta oportuna a la demanda de servicios judiciales, especialmente en lo penal. Se requiere consolidar el Programa de Optimizaci\u00f3n Penal para elevar los est\u00e1ndares de calidad, en tiempo y eficacia, en coherencia con los logros en la reducci\u00f3n de mora.<\/em><\/p>\n<p><em>En \u00faltima instancia, el refuerzo de la confianza ciudadana en el sistema de justicia se posiciona como un eje transversal. Este objetivo demanda, por parte del Poder Judicial, avances sostenidos en transparencia, rendici\u00f3n de cuentas, calidad de los fallos judiciales y la gesti\u00f3n eficiente de los recursos.<\/em><\/p>\n<p><em><strong>1.4.Sobre el sistema penitenciario y el Ministerio de Justicia<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Finjus ha sostenido que un sistema legal ambiguo, complejo y desactualizado limita el acceso efectivo a la justicia y debilita el Estado de derecho. Por esto se precisan reformas estructurales que trasciendan ajustes puntuales y apunten a cambios institucionales profundos, con un enfoque democr\u00e1tico y de derechos.<\/em><\/p>\n<p><em>Una de las \u00e1reas donde estas debilidades muestran m\u00e1s gravedad lo representa el sistema penitenciario. Aunque su misi\u00f3n es garantizar el cumplimiento de las penas y crear condiciones reales para la reinserci\u00f3n social, las condiciones que han predominado han limitado progresivamente su logro, generando una gran contradicci\u00f3n entre nuestros principios constitucionales y legales, y la realidad del sector. A finales del 2025 se han comenzado a implementar importantes medidas, como el cierre de la Penitenciara de la Victoria, la apertura del Centro Penitenciario de Las Parras, la incorporaci\u00f3n efectiva de personal t\u00e9cnico penitenciario en diferentes recintos a nivel nacional y la articulaci\u00f3n de un liderazgo propio en la gesti\u00f3n del sistema.<\/em><\/p>\n<p><em>En 2025, un avance institucional relevante ha sido el impulso a la creaci\u00f3n del Ministerio de Justicia, concebido como el \u00f3rgano rector de pol\u00edticas clave del sistema de justicia, incluyendo la coordinaci\u00f3n del Sistema Penitenciario y Correccional. Este avance responde a una necesidad hist\u00f3rica del Estado dominicano de superar la fragmentaci\u00f3n institucional en la pol\u00edtica de justicia, particularmente en materia penitenciaria. La creaci\u00f3n del Ministerio de Justicia permitir\u00e1 dotar al sistema de un \u00f3rgano con capacidad de dise\u00f1ar, coordinar y evaluar pol\u00edticas p\u00fablicas de manera integral, superando la dispersi\u00f3n de competencias, la debilidad en la rendici\u00f3n de cuentas y la falta de coherencia entre los objetivos normativos y la ejecuci\u00f3n operativa.<\/em><\/p>\n<p><em>La puesta en marcha del Ministerio abre la posibilidad de consolidar una pol\u00edtica penitenciaria basada en derechos, con liderazgo pol\u00edtico claro, planificaci\u00f3n estrat\u00e9gica y articulaci\u00f3n interinstitucional, elementos indispensables para avanzar hacia un modelo orientado a la dignidad humana, la reinserci\u00f3n social y el fortalecimiento del Estado de derecho.<\/em><\/p>\n<p><em>De cara a 2026, el reto central ser\u00e1 garantizar que esta reforma institucional se traduzca en mejoras concretas y que sean sostenibles. Resulta prioritario redise\u00f1ar e implementar programas interdisciplinarios que aseguren condiciones de salud, educaci\u00f3n y vida digna en los centros.<\/em><\/p>\n<p><em><strong>1.5.Retos en la evaluaci\u00f3n y selecci\u00f3n de los jueces de la Suprema Corte de Justicia<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>El proceso de selecci\u00f3n de los jueces de la Suprema Corte de Justicia sigue mostrando el debate entre los principios constitucionales de independencia judicial y las din\u00e1micas que a\u00fan inciden en la conformaci\u00f3n del m\u00e1ximo \u00f3rgano del Poder Judicial. Esto se volvi\u00f3 a manifestar en 2025 y FINJUS propuso algunos criterios que permitir\u00edan superar esta realidad en el futuro.<\/em><\/p>\n<p><em>Si bien el marco normativo establece criterios orientados al m\u00e9rito, la idoneidad y la transparencia, en la pr\u00e1ctica subsisten debilidades vinculadas a la discrecionalidad, la insuficiente motivaci\u00f3n p\u00fablica y la percepci\u00f3n de influencia de intereses coyunturales en el marco de la evaluaci\u00f3n de los magistrados al t\u00e9rmino de su periodo y el proceso de selecci\u00f3n de sus sustitutos.<\/em><\/p>\n<p><em>De cara al porvenir, el principal reto consiste en fortalecer mecanismos objetivos, verificables y participativos que garanticen procesos de selecci\u00f3n basados en capacidades t\u00e9cnicas, trayectoria \u00e9tica e independencia, evitando la reproducci\u00f3n de falencias estructurales que comprometan la legitimidad institucional de la Suprema Corte de Justicia y la confianza ciudadana en el sistema judicial.<\/em><\/p>\n<p><em>La esperanza de FINJUS es que, al abordar el nuevo proceso de evaluaci\u00f3n de siete magistrados de la Suprema Corte de Justicia, a mediados de este 2026, predomine la evaluaci\u00f3n t\u00e9cnica del desempe\u00f1o, en base a los criterios objetivos que se\u00f1alan las leyes.<\/em><\/p>\n<p><em><strong>2.Reforma de normativas fundamentales<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Hacia 2026, el proceso de reforma de las leyes clave se afirma como un pilar estrat\u00e9gico para robustecer la institucionalidad democr\u00e1tica y elevar el bienestar ciudadano. M\u00e1s all\u00e1 de la concepci\u00f3n tradicional de seguridad, el foco se desplaza hacia la creaci\u00f3n de un entorno institucional que garantice derechos, fomente confianza p\u00fablica y responda eficazmente a demandas sociales, en l\u00ednea con los principios del Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho.<\/em><\/p>\n<p><em>La estabilidad institucional y la convivencia pac\u00edfica dependen en gran medida de marcos normativos claros, actualizados y aplicables, as\u00ed como de instituciones con competencias suficientes para adaptarse a cambios sociales y nuevos riesgos que afectan la seguridad.<\/em><\/p>\n<p><em>En el periodo reciente, se ha abierto una ventana significativa para revisar y fortalecer normas estructurales del sistema penal, en especial del C\u00f3digo Penal y el C\u00f3digo Procesal Penal. Hemos insistido en que estos instrumentos normativos deben reflejar adecuadamente las transformaciones sociales, incorporar est\u00e1ndares modernos de protecci\u00f3n de derechos y equipar a los operadores de justicia con herramientas claras y coherentes. La actualizaci\u00f3n en 2026 representa un paso decisivo para superar lagunas legales, minimizar ambig\u00fcedades y potenciar la eficacia de la persecuci\u00f3n penal, sin comprometer las garant\u00edas del debido proceso.<\/em><\/p>\n<p><em>Por \u00faltimo, el Estado debe asumir integralmente su deber de fortalecer el sistema jur\u00eddico, no solo actualizando leyes, sino asegurando su aplicaci\u00f3n correcta, respecto a reglamentos y mecanismos de planificaci\u00f3n para un uso eficiente y transparente de recursos p\u00fablicos. En 2026, el reto no se reduce a reformar normas, sino a consolidar una institucionalidad donde la legalidad, justicia y bienestar ciudadano sean pilares permanentes de la acci\u00f3n p\u00fablica.<\/em><\/p>\n<p><em><strong>2.1.Reforma de la Polic\u00eda Nacional<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Al finalizar 2025, la reforma de la Polic\u00eda Nacional continu\u00f3 siendo una prioridad para la modernizaci\u00f3n del sistema de seguridad ciudadana. En este contexto, la implementaci\u00f3n del Modelo de Servicio y Patrullaje Policial ha mostrado resultados positivos en su fase piloto, lo que augura una mejor\u00eda del servicio preventivo nacional.<\/em><\/p>\n<p><em>Desde la perspectiva institucional y legal, esperamos que la aprobaci\u00f3n de la nueva Ley Org\u00e1nica de la Polic\u00eda Nacional corrija distorsiones hist\u00f3ricas y haga eficiente su estructura organizacional, el r\u00e9gimen salarial y de pensiones, as\u00ed como el sistema disciplinario. Esta nueva ley promueve la profesionalizaci\u00f3n, equidad y sostenibilidad de la carrera policial, alineando la formaci\u00f3n con el servicio p\u00fablico.<\/em><\/p>\n<p><em>Con la finalizaci\u00f3n de la redacci\u00f3n del proyecto de ley y su env\u00edo al Poder Legislativo, se inicia la tercera fase de la reforma policial, enfocada en la implementaci\u00f3n, sostenibilidad, evaluaci\u00f3n y consolidaci\u00f3n de los cambios estructurales y operativos introducidos en 2025.<\/em><\/p>\n<p><em>La modernizaci\u00f3n de procesos, el refuerzo de la formaci\u00f3n policial y una mayor presencia en \u00e1reas cr\u00edticas han contribuido a estos avances. Al mismo tiempo, persiste en algunos sectores una percepci\u00f3n de inseguridad que no siempre coincide con datos oficiales, resultado de factores objetivos y subjetivos. Delitos menores, consumo de sustancias en espacios p\u00fablicos y deterioro urbano inciden directamente en esta percepci\u00f3n, aunque no se reflejen en estad\u00edsticas principales.<\/em><\/p>\n<p><em>Este escenario resalta retos cr\u00edticos para la sostenibilidad de la reforma, como el fortalecimiento de capacidades en investigaci\u00f3n criminal e inteligencia, mediante modernizaci\u00f3n de unidades especializadas, incorporaci\u00f3n de tecnolog\u00edas y capacitaci\u00f3n, con el fin de reducir impunidad y desmantelar redes delictivas.<\/em><\/p>\n<p><em>Sigue siendo preocupante el fen\u00f3meno de intercambios de disparos, que, seg\u00fan estad\u00edsticas, caus\u00f3 187 muertes en presuntos enfrentamientos con fuerzas policiales o de seguridad. Esto enfatiza la necesidad de profundizar en pol\u00edticas de prevenci\u00f3n, protocolos del uso de fuerza y mecanismos de control.<\/em><\/p>\n<p><em>Creemos que el \u00e9xito de la reforma policial depender\u00e1 de la capacidad del Estado para consolidar avances, asegurar la sostenibilidad del marco legal y mejorar la coordinaci\u00f3n con otros actores del sistema de justicia. Solo mediante un enfoque integral, preventivo y ciudadano se podr\u00e1 reducir la violencia de forma sostenida, mejorar la percepci\u00f3n de seguridad y establecer una Polic\u00eda Nacional profesional, accesible y respetuosa del Estado de Derecho.<\/em><\/p>\n<p><em><strong>2.2.Reforma del C\u00f3digo Penal<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>La aprobaci\u00f3n del nuevo C\u00f3digo Penal en 2025 representa uno de los logros normativos m\u00e1s importantes del periodo reciente, respondiendo a una demanda hist\u00f3rica de la sociedad dominicana por una legislaci\u00f3n penal alineada con los cambios sociales, tecnol\u00f3gicos y econ\u00f3micos. En un contexto de nuevas formas de criminalidad y mayores exigencias de transparencia, la promulgaci\u00f3n de la Ley n\u00fam. 74-25 marca un avance hacia la actualizaci\u00f3n del marco jur\u00eddico que soporta la pol\u00edtica criminal estatal.<\/em><\/p>\n<p><em>Desde una visi\u00f3n institucional, el progreso de 2025 se centra en la inclusi\u00f3n de nuevas tipificaciones penales que potencian la capacidad del sistema de justicia para combatir la corrupci\u00f3n administrativa, el crimen organizado, delitos cibern\u00e9ticos y diversas formas de violencia. Planteamos que la aprobaci\u00f3n no concluye la reforma, sino que inicia una fase de an\u00e1lisis, ajuste y consolidaci\u00f3n. Debemos superar las tensiones entre los avances normativos y la coherencia con principios constitucionales e internacionales de derechos humanos. Estas tensiones plantean retos a abordar responsablemente en 2026.<\/em><\/p>\n<p><em>Consideramos que el vacatio legis ofrece una oportunidad para identificar disposiciones ambiguas, con rasgos de discrecionalidad o riesgos de regresividad en derechos fundamentales, superar tipos penales imprecisos y excluir supuestos que afectan desproporcionadamente a grupos vulnerables. <\/em><\/p>\n<p><em>El reto para 2026 es asegurar que la legislaci\u00f3n penal sea coherente con la dignidad humana, igualdad ante la ley y no regresividad en derechos. El C\u00f3digo Penal debe ser no solo punitivo, sino un instrumento que balancee la persecuci\u00f3n del delito con la protecci\u00f3n de libertades y el debido proceso.<\/em><\/p>\n<p><em><strong>2.3.Reforma del C\u00f3digo Procesal Penal<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>La sentencia TC\/0765\/24 del Tribunal Constitucional, que declar\u00f3 la inconstitucionalidad formal de la Ley n\u00fam. 10-15, reformatoria del C\u00f3digo Procesal Penal fue un gran reto para el sistema de justicia penal dominicano. Gener\u00f3 un debate profundo sobre la calidad legislativa, solidez institucional y necesidad de reforzar la legitimidad democr\u00e1tica de reformas que impactan derechos fundamentales y seguridad jur\u00eddica.<\/em><\/p>\n<p><em>Tras la aprobaci\u00f3n del CPP se requiere someterlo a una revisi\u00f3n integral del modelo procesal penal, evaluando aspectos como la declaratoria de casos complejos, plazos procesales, uso y control de medidas de coerci\u00f3n, alcance del criterio de oportunidad y equilibrio entre eficacia persecutoria y garant\u00edas del debido proceso. El debate resalt\u00f3 la importancia del respeto estricto a procedimientos legislativos, especialmente el principio de bicameralidad y deliberaci\u00f3n conjunta, como elementos esenciales de la democracia constitucional.<\/em><\/p>\n<p><em>En conclusi\u00f3n, 2025 trajo avances en control constitucional, reflexi\u00f3n institucional y reconocimiento de debilidades legislativas. Ser\u00e1 en 2026 cuando se defina la capacidad del Estado para convertir esta situaci\u00f3n en una reforma procesal penal coherente y funcional.<\/em><\/p>\n<p><em><strong>2.4.Aprobaci\u00f3n de la reforma de Ley de Compras y Contrataciones<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Valoramos positivamente la aprobaci\u00f3n de la Ley 47-25 sobre Contrataciones P\u00fablicas, cuyo reto mayor fue lograr un consenso amplio entre actores pol\u00edticos, institucionales y de la sociedad civil. Esta ley refleja la necesidad de superar las tensiones hist\u00f3ricas en el r\u00e9gimen de contrataciones, con sus pr\u00e1cticas discrecionales y falta de trazabilidad, y para promover transparencia e integridad sin generar resistencias sectoriales.<\/em><\/p>\n<p><em>Su entrada en vigor en 2026 implica mejorar la adaptaci\u00f3n tecnol\u00f3gica y operativa, como la interoperabilidad de sistemas con entidades como la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos y la Tesorer\u00eda de Seguridad Social para simplificar procesos y claridad en la centralizaci\u00f3n de responsabilidades en cada instituci\u00f3n, la expansi\u00f3n del \u00e1mbito a \u00f3rganos legislativos, judiciales y empresas con capital p\u00fablico mayoritario.<\/em><\/p>\n<p><em>El reto ser\u00e1 enfrentar los riesgos de sobrecarga administrativa, inconsistencias en la aplicaci\u00f3n y necesidad de verificar criterios sostenibles de manera medible para evitar abusos, mediante una transici\u00f3n gradual para garantizar eficiencia, sin comprometer la confianza del sector privado y la sociedad.<\/em><\/p>\n<p><em><strong>2.5.Sobre la C\u00e1mara de Cuentas<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>FINJUS tiene grandes expectativas sobre el desempe\u00f1o de la C\u00e1mara de Cuentas en 2026, cuyos retos m\u00e1s significativos son el rezago en las auditor\u00edas de la gesti\u00f3n anterior, la baja ejecuci\u00f3n presupuestaria y el aumento de su productividad, para lo cual se precisa contratar m\u00e1s auditores, mejorar el sistema de alertas tempranas e incrementar el n\u00famero de auditor\u00edas completadas. <\/em><br \/><em>La C\u00e1mara de cuentas deber\u00e1 actualizar su estructura org\u00e1nica conforme a la Ley 18-24 y superar las deficiencias que las gestiones anteriores originaron para entregar al Ministerio P\u00fablico y a la sociedad los resultados de las auditor\u00edas en instituciones p\u00fablicas clave, para cumplir con los criterios de tiempo oportuno y calidad exigidos en el sistema de justicia.<\/em><\/p>\n<p><em><strong>En Resumen<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>El fortalecimiento del Estado social y democr\u00e1tico de derecho requiere la continuidad de reformas estructurales para materializar mandatos constitucionales pendientes. Durante 2025, la agenda p\u00fablica y legislativa mantuvo la necesidad de impulsar cambios normativos e institucionales clave para consolidar la institucionalidad democr\u00e1tica, promover el desarrollo econ\u00f3mico-social y garantizar la convivencia pac\u00edfica basada en reglas claras.<\/em><\/p>\n<p><em>Este proceso se basa en un sistema de justicia funcional, eficiente y coordinado, con \u00f3rganos actuando conforme a competencias constitucionales y est\u00e1ndares de gesti\u00f3n. En el periodo evaluado, se registraron esfuerzos para mejorar la transparencia y la seguridad jur\u00eddica. De cara al 2026, queda pendiente una agenda legislativa significativa, especialmente en la actualizaci\u00f3n del C\u00f3digo Civil y de Procedimiento Civil, revisi\u00f3n de normativas sobre libertad de expresi\u00f3n, adopci\u00f3n de legislaci\u00f3n integral para protecci\u00f3n de testigos y v\u00edctimas, y mecanismos de participaci\u00f3n ciudadana y control social. Aunque 2025 mantuvo el debate abierto, no consolid\u00f3 consensos para resultados concretos.<\/em><\/p>\n<p><em>Para 2026, el reto es superar la fragmentaci\u00f3n institucional y avanzar hacia la coordinaci\u00f3n interinstitucional eficaz, con di\u00e1logo estructurado entre el Estado y la sociedad. En ese sentido, la gobernanza democr\u00e1tica en 2026 debe profundizar participaci\u00f3n ciudadana, fortalecer controles administrativos y promover cultura de legalidad para reforzar la confianza p\u00fablica. Mantener el impulso reformador como eje central ser\u00e1 determinante para instituciones transparentes, eficientes y alineadas con los derechos fundamentales y el inter\u00e9s general.<\/em><\/p>\n<p><em>Fundaci\u00f3n Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus)<\/em><br \/><em>Enero, 2026<\/em><\/p>\n<p><h3 class=\"jp-relatedposts-headline\"><em>Relacionado<\/em><\/h3>\n<\/p>\n<p>\t\t\t\t\t\t<!-- .entry-footer --><br \/>\n\t\t\t\t\t\t<!-- \n\n<div data-type=\"_mgwidget\" data-widget-id=\"1743501\"><\/div>\n\n  -->\n\t\t\t\t\t<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Fundaci\u00f3n Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus) evalu\u00f3 este martes los progresos y obst\u00e1culos en la institucionalidad y el sistema de justicia, identificando oportunidades de mejora que se vislumbran en el horizonte de cara al 2026. De acuerdo al documento, a lo largo de 2025, la sociedad dominicana presenci\u00f3 una<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":13319,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-13318","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13318","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13318"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13318\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13319"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13318"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13318"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/acronoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13318"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}